/ El largo camino a la justicia

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con el conflicto armado.

Pérez Archila explica que si bien la salida de Florido fue im-
portante, se produjo una serie de cambios a lo interno del 
Organismo Judicial que hicieron posible que el caso avan-
zara.

“Con la llegada de Velásquez Zarate hubo una pequeña 
apertura y apoyo a los fiscales que durante años habían 
acompañado estos casos pero no fue solo eso; hubo un con-
junto de elementos que convergieron, entre ellos el ingreso 
de una nueva Corte Suprema de Justicia, en 2009, que a 
través de la Cámara Penal impulsó el respeto irrestricto de 
las garantías fundamentales de derechos humanos y las obli-
gaciones internacionales del Estado de Guatemala en mate-
ria de derechos humanos. La Cámara Penal creó y propuso 
reformas al código procesal como el establecimiento de la 
tutela efectiva, la figura del colaborador eficaz, y reformas 
sobre la participación de los agraviados y víctimas dentro del 
proceso”, afirma el jurista Pérez Archila.

En noviembre de 2009, se emitió el dictamen de la CIDH, 
según el cual, el Estado debía resarcir nuevamente a las víc-
timas por un total de US$3.2 millones, incluyendo a los fa-
miliares de los niños asesinados y acelerar la investigación 
del caso.

Claudia Paz y Paz, quien sustituyó a Zárate en diciembre 
de 2010, reorganizó la Fiscalía de los Derechos Humanos 
y le agregó una nueva agencia, de manera que la enorme y 
oxidada rueda de la justicia finalmente comenzó a girar de 
manera que las ordenes de captura contra los integrantes de 
la patrulla kaibil pudieran hacerse efectivas.