81
Revista Espacios Políticos
con las maniobras procesales dilatorias
de la defensa.
No obstante, cabe destacar que
el hecho mismo de que el Tribunal A
de Mayor Riesgo llegara a sentenciar
el caso por genocidio y delitos contra
los deberes de la humanidad resulta
de suma importancia. Evidenció que
es posible que el Poder Judicial juzgue
y sancione, de manera imparcial, a
élites poderosas involucradas en graves
violaciones de derechos humanos y
crímenes internacionales; pero, como
queda demostrado por la decisión de la
Corte de Constitucionalidad, los poderes
fácticos continúan teniendo mucho
poder en Guatemala. Si bien no pudieron
impedir que se hiciera justicia, fueron
capaces de deshacer los resultados
con relativa rapidez y prácticamente
sin ninguna consecuencia. Queda por
definir si los actores claves del Estado
y la sociedad civil logran cambiar esta
situación para que la justicia sustantiva
prevalezca en el caso. Está en juego
la justicia, tanto para los maya Ixil,
como para las miles de víctimas de
las graves violaciones de derechos
humanos y crímenes internacionales
cometidos en Guatemala, que buscan
que los responsables sean juzgados y
condenados.
Conclusiones
La sentencia del 10 de mayo
hace justicia e historia al mismo tiempo,
siendo la primera condena por genocidio
a un dictador en Latinoamérica.
El juicio fue un testimonio de la
resistencia y el coraje de las víctimas,
quienes después de tres décadas de
impunidad institucionalizada y negación
oficial de los hechos, se atrevieron a
denunciar ante un Tribunal la violencia
sistemática desplegada por el ejército
guatemalteco en sus campañas de tierra
arrasada. Es también un testimonio de
la valentía de los abogados, fiscales y
jueces que se esforzaron para llevar
el caso a buen término, enfrentando
una campaña de desprestigio,
intimidaciones y amenazas. De esta
manera, la Asociación para la Justicia
y la Reconciliación (AJR) y el Centro
para la Acción Legal en Derechos
Humanos (CALDH), tuvieron un papel
fundamental en el proceso, investigando
los crímenes cometidos, presentando
casos hasta 1997, y continuando su
trabajo a lo largo de los años siguientes.
La fiscal general, Claudia Paz y Paz; el
fiscal del caso, Orlando López; los tres
jueces del Tribunal Primero A de Mayor
Riesgo, Yassmin Barrios Aguilar, Patricia
Bustamante García y Pablo Xitumul de
Paz; así como el juez preliminar del
caso, Miguel Ángel Gálvez, actuaron con
mucha integridad frente a un gran reto,
teniendo que enfrentar un serio riesgo
personal y fuertes presiones políticas,
demostrando así su compromiso con la
justicia y su voluntad de cumplir con el
Estado de Derecho.
En este sentido, el juicio ha sido
una victoria simbólica y política. Como
anotó Jo-Marie Burt, quien participó
como observadora en el juicio de Ríos
Montt, “los organismos de derechos
humanos que representan a las víctimas
reclaman el valor simbólico y político
de la sentencia”. Se pudo juzgar el caso
de genocidio en una corte nacional, y
Ríos Montt fue procesado y condenado.
A través de la sentencia, con base a
las pruebas presentadas, se estableció
que sí hubo genocidio en Guatemala,
lo cual representa una victoria para las
víctimas y abrió un debate nacional e
internacional sobre el conflicto armado
y especialmente el gobierno de Ríos