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Revista Espacios Políticos
La responsabilidad
de los acusados
l
a
parte
V
de
la
s
entencia
Explicación:
D
e la sentencia por los delitos de
genocidio y contra los deberes
de la humanidad, cometidos en
agravio del pueblo maya Ixil, extrajimos
su parte V y la publicamos con ligeros
arreglos de edición con base en la
redacción original.
El proceso penal seguido a los
generales Efraín Ríos Montt y Mauricio
Rodríguez Sánchez, por los delitos
arriba identificados, constituyó uno de
los acontecimientos políticos relevantes
del 2013, al punto de haber sido
bautizado mediáticamente como el
“juicio del siglo” y ello, no solo por sus
repercusiones para la administración de
justicia.
Aun cuando la responsabilidad
de los altos mandos políticos y militares
del Estado durante los años más
cruentos del enfrentamiento armado,
apareció recogida en diversos registros,
narraciones y testimonios -como el
propio Informe de la Comisión del
Esclarecimiento Histórico, CEH-dicha
responsabilidad no se había divulgado
ni “convertido en un asunto de interés
público” de la forma como el proceso
penal y la sentencia permitieron
hacerlo.
El juicio permitió una cobertura
noticiosa nacional e internacional sin
precedentes. Ello facilitó que muchos
ciudadanos y ciudadanas, de edades
diversas, que no se limitó a quienes
nacieron con posterioridad a la década
de 1990, se informaran y tomaran
conciencia de aquellos horrores que
desconocían.
A la difusión anterior, inédita en
Guatemala luego de 17 años de suscrita
la “paz firme y duradera” (1996), se
añadió algo no menos importante: el
juicio permitió que fueran las propias
víctimas, desde su dolor y sufrimiento,
quienes narraran el espanto de aquellos
años atroces. Muchas de ellas, quizás
por primera vez, pudieron contarlo y
decirlo al Estado; a los que escuchaban
y aparecían como responsables. Ello
fue de un incalculable valor para las
víctimas.
La sentencia con la que el juicio
penal concluyó, aunque tuvo una corta
vida (diez días), al ser anulada por una
controversial y dividida decisión de la
Corte de Constitucionalidad, se convirtió
según la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) en un “hito
histórico en Guatemala y ejemplo para
toda la comunidad internacional”. Dicha
sentencia aparece recogida en 718
folios. Es por ello que se incluye en esta
publicación, únicamente su encabezado
y la parte V. De la responsabilidad penal
de los acusados y la calificación legal de
los delitos. En dicho apartado, el tribunal
realiza el análisis de algunos medios
probatorios que le permitieron concluir
qué hechos quedaron demostrados,