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Revista Espacios Políticos
Nacional,
definió
un
concepto de enemigo
interno que fue más allá
de los combatientes,
militantes y simpatizantes
de la guerrilla, incluyendo
en dicho concepto a los
civiles de determinados
grupos étnicos.
111. Considerando
el conjunto de actos
criminales y violaciones
de los derechos humanos
correspondientes a las
regiones y a las épocas
señaladas, analizados
al efecto de determinar
si constituían delito de
genocidio, la CEH concluye
que la reiteración de actos
destructivos dirigidos de
forma sistemática contra
grupos de la población
maya, entre los que se
cuenta la eliminación de
líderes y actos criminales
contra menores que
no podían constituir un
objetivo militar, pone
de manifiesto que el
único factor común a
todas las víctimas era su
pertenencia a un deter-
minado grupo étnico y
evidencia que dichos actos
fueron cometidos “con
la intención de destruir
total o parcialmente” a
dichos grupos (Artículo
II, párrafo primero de la
convención).
116. La investigación
realizada también com-
probó que las matanzas,
especialmente aquellas
que revistieron la forma
de masacres indiscrimi-
nadas, fueron acom-
pañadas por el arrasami-
ento de aldeas. El caso
más notable es el de la
región Ixil donde entre
el 70% y 90% de las al-
deas fueron arrasadas.
También en el norte de
Huehuetenango, Rabinal
y Zacualpa se incendi-
aron aldeas enteras, se
destruyeron los bienes
y se quemaron trabajos
colectivos de siembra
o cosechas, quedando
sin alimentos las pobla-
ciones.
Si lo anterior fue lo mencionado
por la CEH, era evidente que el Estado
de Guatemala, como mecanismo formal
de investigación, debía promover
esfuerzos para conocer de manera
formal y oficial, si lo dicho era cierto.
Se debe recordar que si bien el informe
de la CEH no tiene efectos judiciales,
sí constituye la narración oficial de los
hechos históricos sucedidos.
En este orden de ideas y ya en el
plano jurídico, el Estado de Guatemala
había suscrito los Acuerdos de Paz;
había puesto fin a un enfrentamiento
armado interno; había adoptado una
serie de mecanismos para crear una
nueva plataforma de debate, con
el propósito de aprobar un nuevo
marco legal conceptual para el país.
Pero sobre todo, había adoptado una
serie de compromisos, dentro de la
concepción de justicia transicional, que
inequívocamente pretendían introducir
acciones, políticas, leyes y esfuerzos
para garantizar la no repetición de los
hechos sucedidos.