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Revista Espacios Políticos
han pedido perdón por los desmanes
cometidos. Empero, hay un hecho que
ha llamado la atención: a la fecha,
ningún militar de alto rango, léase
bien, ninguno se ha pronunciado en
torno a la aceptación de las masivas
violaciones a los Derechos Humanos
perpetradas desde el aparato estatal.
Por el contrario, los de alto rango y
muchos otros en posición de retiro, han
insistido en la necesidad del aparato
represivo, de lo apremiante que fue
el combate a la guerrilla en todos sus
órdenes y sobre todo, eso sí, que en
“toda guerra ocurren excesos”.
El Informe para el Esclarecimiento
Histórico no está escrito en piedra. La
idea era desde 1999, producir un debate
serio, científico y objetivo, pero sobre
todo, que pudiera arrojar resultados
sociales en torno a la dolorosa verdad
histórica con la que hemos vivido. Y
como es evidente, esto no ha ocurrido,
a muchos les ha tomado por “sorpresa”
que un proceso enderezado por el delito
de “genocidio”, tuviera que sentar
en el banquillo de los acusados a dos
generales, habiendo sido uno de ellos
jefe de Estado.
Después de 13 años de tramitar
con su lisiada dinámica, un proceso
penal, pudo sentar dentro del contexto
de la “justicia transicional”, no a
personajes operativos de la represión,
sino a supuestos autores de las órdenes
sobre las cuales se había operado el
combate a la guerrilla.
Los procesos de justicia
transicional, en cualquier parte del
mundo, son complejos. Ello porque
remueven las heridas sufridas por la
colectividad, pero como son producto
de procesos históricos singulares,
es notorio que incluso muchos de los
actores de uno y otro bando, toman
posiciones distintas a las que de forma
primaria, engalanaban. En este sentido,
sensibles ex intelectuales vinculados al
movimiento guerrillero, se pronunciaron
en contra de un proceso por “genocidio”
en el país. Y un ex jefe guerrillero,
siendo abogado, aceptó la defensa de
uno de los acusados.
El drama de conocer la verdad
histórica en el estrado judicial hizo que
la pírrica institucionalidad sufriera, sin
lugar a dudas, la sacudida más grande
de su historia reciente. Dos generales:
Efraín Ríos Montt y José Mauricio
Rodríguez, el primero ex jefe de Estado
y el segundo, ex jefe de la temida
inteligencia militar contrainsurgente,
fueron juzgados por un tribunal
integrado por dos mujeres y un hombre.
Tres jueces de primera instancia
tuvieron a su cargo conducir una de las
fases del proceso penal guatemalteco
que se denomina “debate público”. Por
medio del mismo, las partes tendrían
que aportar sus elementos de prueba
con el objeto de que, tras las fases
procesales propias de cada instante, se
dictara una sentencia.
Los delitos de genocidio y deberes
contra la humanidad, motivaron a
los querellantes, Ministerio Público,
defensores frente al público, los medios
de comunicación y redes sociales,
a convencer sobre la culpabilidad o
inocencia de los acusados.
El proceso, cuya denuncia fue
presentada en 1999, señaló los hechos
acontecidos en contra del pueblo Ixil,
en el departamento de Quiché. No es
motivo de estas líneas hacer un análisis
jurídico del caso, y mucho menos de
sus miles de incidencias procesales. Eso