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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
por el reconocimiento
de sus actos inmorales
y criminales. Conociendo
la verdad de lo suce-
dido será más fácil
alcanzar la reconciliación
nacional, para que los
guatemaltecos podamos
en el futuro vivir en una
auténtica democracia, sin
olvidar que el imperio de
la justicia ha sido y es
el clamor generalizado
como medio para crear un
Estado nuevo.
Una vez rendido el informe
sobre la verdad histórica de lo que
aconteció, varias preguntas surgieron:
¿qué hacer con él? ¿cómo puede servir
tal informe, que considera esa verdad
como instrumento de reparación, para
que víctimas y victimarios se sientan
dignificados? Esto fue más complejo
de lo que se creyó, porque al parecer
los bandos no reconocieron los horrores
cometidos; por el contrario, aún a
estas alturas de la historia, justifican
las atrocidades. Y lo que es peor, una
buena parte de la élite (que se esperaba
fuera intelectual) también defiende “la
necesidad” de los excesos y glorifica la
represión. Pero aún más grave, algunos
se convierten en verdaderos apologistas
de delitos y del ejercicio del poder sin
racionalidad.
La justicia, ese engranaje
anquilosado que los guatemaltecos
jamás han visto rodar con facilidad, sí ha
tenido que moverse en torno a distintos
casos sometidos a su conocimiento, por
virtud de denuncias formuladas por las
víctimas. Así, ex soldados, ex patrulleros
civiles, ex comisionados militares,
han sido juzgados y condenados en
torno a hechos que configuran delitos
cometidos por el aparato estatal. Existe
y es evidente, un incipiente esfuerzo
por parte del Ministerio Público para
empujar y promover la investigación
y las conclusiones de procesos que
ventilan los horrores.
En 1980, quizás el aparato de
represión urbano más importante del
país, fue la temible “Policía Judicial”.
Ese aparato, que quedó desmantelado
desde el golpe de Estado de 1982,
representó un cuerpo institucional de
asesinato, tortura, desapariciones y
hasta latrocinio. Fue estudiado desde
la óptica de nuestro sistema judicial
y logró la condena de su máximo jefe
entre 1980-1982. Sin embargo, Pedro
García Arredondo, un simple matón que
tuvo el poder de organizar actividades
represivas, jamás figuró como un
verdadero hombre de poder. Alcanzó
poder en los años en que ejerció su
cargo, pero fue producto de la confianza
del dictador de turno. Ese fue su único
mérito.
El sistema de justicia corroboró
la forma en que desde un aparato
institucional estatal -como lo fue
la “Policía Judicial”- se habían
perpetrado desapariciones y crímenes
y fue condenado su responsable. Sin
embargo, es evidente que no se tocaba
a un hombre de poder. Por otra parte,
también se produjeron condenas en
contra de miembros de tropa por
masacres cometidas.
Han existido tribunales que
han tenido que conducir debates en
torno a crímenes masivos y que han
dictado también, condenas en contra
de responsables operativos de las
matanzas. También presidentes de
la República, que en su función de
Comandantes Generales del ejército,