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Revista Espacios Políticos
parece lejano: un punto en común para
reconstruir el Estado.
Una sociedad civilizada debe
resolver sus diferencias por medio del
sistema judicial. Pero si esa misma
sociedad percibe que el sistema se
decantará por quien tenga más poder
o influencias, es evidente que deberá
recurrir a la autocomposición o a la
venganza. Esto es importante, porque
si la percepción es que en casos
individuales el sistema judicial no
funciona -o no tiene el menor interés en
funcionar- y en casos paradigmáticos o
que atañen a un número considerable
de ciudadanos, la situación es peor, el
nivel de frustración social se agudiza y
no queda otro remedio que acudir a la
violencia.
Los linchamientos, los innu-
merables alegatos de “defensa propia”,
la muerte constante de “presuntos
asaltantes”, la justificada represión
contra “mareros”, los criterios selectivos
para comprender la vigencia de los
Derechos Humanos, la porosidad a
la corrupción del sistema judicial, la
incapacidad técnica de los operadores
de justicia, la indolencia académica
de las universidades frente a la
realidad nacional, la mustia disciplina
del régimen, pero sobre todo, la
concepción de que la impunidad es la
única realidad imperante, hacen difícil
que los guatemaltecos acepten que los
correctivos para la no repetición de los
horrores del pasado puedan provenir
del propio sistema que los diseñó, creó
y mantuvo. Es decir, se duda que el
propio sistema genere sus correctivos.
La ley es el mejor instrumento
de represión de un pueblo y si la ley
es la herramienta de la dictadura
para garantizar el poder absoluto, la
administración de justicia se convierte
en el órgano operativo para dicho
objetivo.
En la situación anterior, el proceso
de paz logró que diversos grupos
sociales realizaran un análisis histórico
de los hechos que se registraron en el
país. Este análisis histórico, de forma
muy particular y extraña, no fue
asumido por el ejército y sus aliados
naturales sino hasta ahora. Fue más
bien producto de ciertos estamentos
académicos, eclesiásticos o sociales. Sin
embargo, los propios Acuerdos de Paz
establecieron, con mucha desconfianza
social, pero atendiendo a los criterios
mundiales para enfrentar procesos
transicionales, la conformación de
la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico. La misma tuvo como misión,
dar a conocer un informe mediante el
cual, de forma objetiva e imparcial,
se dieran a conocer los orígenes
del conflicto y la materialización de
herramientas para la no repetición de
la tragedia.
Un hecho quedó claro desde que
las partes se sentaron a negociar los
Acuerdos de Paz: hubo graves y masivas
violaciones a los derechos humanos, y
por tanto, las causas debían conocerse
y atenderse. Los comisionados, en su
momento, dejaron plasmado que:
Es indudable que la verdad
beneficia a todos, víctimas
y victimarios. Las víctimas
cuyo pasado ha sido de-
gradado y manipulado,
se verán dignificadas;
los victimarios, por otro
lado, podrán recuperar
la dignidad de la cual
ellos mismos se privaron,