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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
en ese gran botín que representa el
poder. La facultad de hacer dinero
de manera rápida e ilegal ha sido el
constante premio para quienes han
gobernado. Esto es indudablemente
una paradoja, porque si por fin
Guatemala logró una institucionalidad
democrática formal ¿qué ha ocurrido y
por qué la democracia no funciona y su
administración de justicia sigue débil e
inoperante?
Las respuestas son difíciles, pero
es lógico suponer que la administración
de justicia ha funcionado a espaldas
del pueblo; ha sido un peldaño más
del poder absoluto ejercido en el país
por grupos o personas poderosas y
jamás se ha logrado establecer lo que
es lógico en toda convivencia humana:
los límites entre el derecho de unos
frente al de otros. Esta ausencia de
límites es macabra, sobre todo cuando
el ciudadano no logra captar que el
poder se ejerce con base en tales
derechos y que los actos ejecutados
por los depositarios del poder, pueden
ser evaluados y analizados, desde una
óptica judicial y objetiva, para conocer
si existieron o no los hechos que deben
ser corregidos.
La conclusión 10 de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico,
es base para comprender el drama
guatemalteco durante el enfrentamiento
armado:
El sistema judicial del
país, por su ineficiencia
provocada o deliberada no
garantizó el cumplimiento
de la ley, tolerando y hasta
propiciando la violencia.
Por omisión o acción, el
poder judicial contribuyó
al agravamiento de los
conflictos sociales en
distintos momentos de la
historia de Guatemala. La
impunidad caló hasta el
punto de apoderarse de
la estructura misma del
Estado, y se convirtió tanto
en un medio como en un
fin. Como medio, cobijó y
protegió las actuaciones
represivas del Estado así
como las de particulares
afines a sus propósitos,
mientras que, como fin,
fue consecuencia de los
métodos aplicados para
reprimir y eliminar a los
adversarios políticos y
sociales.
Si la ley es una decisión
política y el sistema político dentro del
enfrentamiento armado era represivo,
excluyente y abusivo; la administración
de justicia, sí podía deslindarse por su
lógica de ese contexto. No obstante, se
convirtió en un instrumento de represión
y abuso y esto explica el motivo por el
cual es tan difícil, a 28 años de vigencia
del actual texto constitucional, lograr
la consolidación del sistema judicial
y sobre todo el respeto al mismo.
El ciudadano “de a pie”, entiende al
aparato judicial como una prolongación
más del poder estatal sin ningún matiz.
Es por ello que en esta coyuntura
histórica, debe realizarse un debate
“de élites”, con el objeto de difundir los
efectos absolutos, de este problema,
para afrontar soluciones. La élite
académica e intelectual guatemalteca
tiene lustros de silencio y si bien se
han registrado varios monólogos, es
este el momento propicio para generar
análisis dialécticos sobre los cuales
se pueda construir un “algo” que aún