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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
concretos: primero, asegurar una paz
firme y duradera; segundo, legitimar
el régimen jurídico con la participación
de sectores que habían sido excluidos;
tercero, construir un verdadero Estado
de Derecho; y por último, garantizar
que jamás los horrores de lo vivido
vuelvan a suceder.
Los cuatro retos anteriores,
son a la fecha, desafíos que parecen
para muchos, poco probables de
concretarse. Sin embargo, sí han
existido avances cualitativos que
deben ser reconocidos, pero sobre todo
analizados en un contexto académico
universitario, en el que las pasiones
políticas no se desborden y puedan
representar acciones sociales puntuales
que difundan la búsqueda de la verdad,
aportando las herramientas para la
no repetición. No hay que ser un
especialista en psicología social para
evidenciar que nuestra sociedad está
enferma y la institucionalidad pretende
atacar síntomas, porque las causas,
o son complejas o no representan
caudales electorales que permitan
ganar una próxima elección.
Por muchos años, Guatemala
ha podido elegir a sus representantes
conforme las reglas electorales. Sin
embargo, cada vez que el proceso
constitucional envejece, la legitimidad
democrática está en duda o en
crisis, tanto por el ejercicio del poder
como por las distintas formas de
manipulación de la voluntad ciudadana.
La democracia como tal pierde así su
objetivo, el derecho se convierte cada
vez más en la “costra” para ensanchar
arbitrariedades. Por consiguiente, la
construcción del Estado de Derecho
se convierte en un mensaje lírico,
vacío para muchos y sin sentido en la
práctica.
Todo ciudadano y no se diga la
sociedad como un todo, debe en un
momento de su historia enfrentarse
a su pasado; debe comprender su
historia y, lo quiera o no, aprehender
las lecciones para garantizar que los
horrores vividos no vuelvan a repetirse;
pero sobre todo, debe autoevaluarse
para ofrecer y pedir perdón. ¿Perdón
de qué? De esos horrores que aceptó.
De allí que los instrumentos que se
crean para describir lo que aconteció,
constituyan verdaderos instrumentos
de reconciliación. Muchos son quienes
en este país, jamás han leído o
comprendido los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, esa mayoría es la que
quiere vivir sin ser molestado por sus
opiniones, ver crecer a su familia
y tratar, día a día, de conquistar su
felicidad. La administración de justicia,
no solo declara las responsabilidades
individuales en una u otra forma,
conforme a las reglas que estableció
para tal fin, sino que, explica caso a
caso lo que sucedió en cada uno de los
hechos.
La soberanía radica en el pueblo,
quien la delega para su ejercicio en
los tres organismos del Estado. El
poder judicial es el responsable de la
administración de justicia, pero más
allá de esa actividad formal, confiada en
normas y códigos, también se le otorga
la sagrada misión de establecer una
verdad histórica y oficial, sobre cada
uno de los acontecimientos que ocurren
tras un hecho que tiene relevancia
jurídica. Esto es lo que la sociedad debe
conocer.
Tras la firma de la paz, se han
sucedido cuatro gobiernos. Ningún
partido político ganador de una elección
presidencial ha triunfado en la otra. Los
engranajes estatales se han convertido