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Revista Espacios Políticos
La justicia frente
a su espejo,
la historia frente
a su negación
A
lejAndro
B
Alsells
C
onde
1
G
uatemala enfrenta un período
crítico en su historia. No es para
menos: se debe plantar frente a
su pasado y esto lo encarnan quienes
siendo niños, jóvenes o adultos,
vivieron los momentos del conflicto
armado interno.
Un país situado justo en el
centro de América, registra tres
índices pavorosos. El primero, haber
tenido desde el Estado la peor y más
cruenta política tendente a ejecutar
a opositores de forma selectiva en
las áreas urbanas; algo a lo que ni el
“Plan Cóndor” se acercó someramente.
El segundo, ser el país con el mayor
número de desaparecidos en todo el
hemisferio, práctica que fomentó el
coronel Enrique Peralta Azurdia desde
el primer gobierno militar en el siglo
XX, habiéndose reconocido al dirigente
1 Abogado y Notario por la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala, miembro del Centro para
la Defensa de la Constitución (CEDECON), de cuya
directiva fue recientemente vicepresidente.
obrero comunista, Víctor Manuel
Gutiérrez, como una de sus primeras
víctimas. Esta práctica se incrustó
en la institucionalidad estatal y fue
parte del paisaje del país. A ello se
sumaron los raptos colectivos en sedes
sindicales o estudiantiles, perpetuados
por elementos del Estado durante
el gobierno de Romeo Lucas, con su
natural desprecio a cualquier límite
y sin contemplaciones. Por último,
también se dio la mayor represión
institucional en áreas rurales. Si bien la
guerra en Nicaragua y El Salvador fue
salvaje e hizo que se sumaran a ella
distintos sectores sociales, lo ocurrido
en Guatemala no tiene comparación, al
desnudar algo sencillo y atroz, que aún
nos persigue. En este pedazo de tierra
la vida ajena vale menos que nada.
El gobierno presidido por Álvaro
Arzú -conservador-, pasó a la historia
y logró lo que ningún otro presidente
había podido hacer 36 años antes:
firmar con la insurgencia el fin del
enfrentamiento armado. En pleno
patio del Palacio Nacional -hoy Palacio
Nacional de la Cultura-, dirigentes
de la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) suscribieron el
último de los acuerdos, junto con los
representantes del Estado. Terminó, por
lo menos de manera formal, el proceso
de negociación y se pudo así afirmar,
por críticos y teóricos, que Guatemala
culminaba su proceso de “transición”
hacia la democracia, para entrar en una
clara fase de “consolidación del régimen
democrático”.
La Constitución actual, pro-
mulgada en 1985, fruto del debate
político entre los actores del momento,
enmarcó el cuadro jurídico que
permitía la discusión de las acciones
que podrían lograr en cuatro puntos