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Revista Espacios Políticos
la Paz”. Otra colaboradora, Feliciana,
que fue testigo de la masacre de su
familia durante el conflicto armado,
“siguen los mismos asesinatos como
se miraban antes, quizás en otras
estrategias… la situación no ha
cambiado porque siempre escucho
que hay muchos asesinatos, hay
masacres como se vio en el conflicto
armado, entonces siempre sigue
igual”.
Para algunos aunque no para todos
los colaboradores de la investigación,
el temor en las comunidades y la falta
de certeza jurídica sobre sus tierras,
se mantienen como constantes de
gran magnitud. Y ello, aunque han
pasado años desde que se terminó
el conflicto armado. Para ellos los
desalojos y asesinatos son muestras
claras de quién manda en estas
comunidades. No ellos sino el capital
extranjero, con apoyo del gobierno.
A manera de conclusión
Los q’eqchi’s se encuentran -y
perciben- una situación defensiva vis-
à-vis del capital local y extranjero, por
lo menos desde el auge del cultivo del
café en el siglo XIX. Han tenido que
retirarse a áreas menos pobladas para
encontrar tierras libres para ocupar.
La violencia del conflicto armado forzó
a muchos a abandonar sus tierras,
lo que les complicó en la actualidad
reivindicar el concepto de ocupación
continua. Para muchos de ellos, la
persistencia de la violencia en sus
comunidades de Alta Verapaz e Izabal,
apoyada por el gobierno, se percibe
como una continuidad de aquella
sufrida durante el conflicto armado.
Cuando describieron sus experiencias
de desalojo y estigmatización, los
colaboradores q’eqchi’s consideraron
como responsable al gobierno desde
varios niveles.
El calificativo de “usurpador” e
“invasor” que emplean las empresas
y el gobierno, lo perciben como otro
tipo de ofensa. También reconocen
lo devastador de la falta de servicios
sociales en sus aldeas y su exclusión
por ausencia de certeza jurídica como
dañinos a sus personas.
Las entrevistas durante el
trabajo de campo en 2013, reflejaron
igualmente la falla del gobierno en
cuanto a los derechos de los q’eqchi’s
como pueblos indígenas y ciudadanos
de Guatemala. Las instituciones
del Estado se emplean para
marginalizarlos en vez de cumplir con
las leyes, tal y como estas aparecen
vigentes y publicadas. El gobierno
autoriza a compañías extranjeras a
ocupar grandes extensiones de tierra,
los acompañan cuando desalojan
violentamente a los miembros de las
comunidades.
Los colaboradores de la
investigación recuerdan sus
experiencias de violencia y
persecución durante el conflicto
armado y, en sus mentes, el pasado
se vincula claramente con la lucha de