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Revista Espacios Políticos
gobiernos electos, actuarían según
los intereses de todos los ciudadanos
en Guatemala. Sergio Tischler indica
que el discurso de la democracia
representativa “es un esfuerzo de
convencimiento de que la violencia
no es constitutiva de la forma Estado,
sino que es una excepción, una
suerte de antecedente necesario de
la política moderna” (Tischler, 2005:
p. 45). Al contrario del discurso
público de una nación democrática
y modernizante, muchos escritores
y académicos, tanto guatemaltecos
como extranjeros, se preguntan
si el momento actual representa
una ruptura definitiva con siglos de
administraciones autoritarias.
El concepto de violencia
estructural
que
desarrolló
el
antropólogo médico Paul Farmer
facilita teorizar sobre cómo una gama
de experiencias
-desde la exclusión
de las escuelas y los servicios de
salud, amenazas de muerte contra
los y las participantes en la lucha,
los desalojos forzados y el conflicto
armado- impactan en la forma, según
la cual, entienden y experimentan
los colaboradores sus posibilidades
de participar plenamente en la
sociedad. Los q’eqchi’s sienten el
impacto de la violencia física, pero
sufren aún más formas insidiosas de
violencia estructural que debilitan
la calidad de su vida diaria. Por
consiguiente, hay que analizar según
un “espectro de violencia” (Scheper-
Hughes y Bourgois:
2004) que se
vive en Guatemala en el período
“posconflicto.”
Farmer
reconoce
que no hay que pasar por alto “los
papeles jugados por suprimir la
memoria histórica y otras formas de
desocialización como posibilitantes
para estructuras” (Farmer, 2004: p.
307, traducción personal). Especificar
los vínculos con la violencia del
conflicto armado es reconocer, en vez
de suprimir, la memoria histórica.
Uno de los ejes principales de
las entrevistas semiestructuradas
fue conocer lo que los colaboradores
esperan del gobierno guatemalteco,
para mejorar su calidad de vida.
Al respecto, muchos de ellos
respondieron: “que el gobierno nos
entregue los títulos de las tierras
que ocupamos”. Maribel, de la aldea
Chichipate, del municipio de El Estor
dijo: “Yo lo que deseo de este gobierno,
que tuviera la conciencia de ya no más
desalojos, de ya no más asesinatos en
contra de la gente pobre que vive en
sus comunidades”. Otros consideran
la dificultad para dirigir demandas,
puesto que el gobierno se involucra
directamente en los desalojos. Por
ejemplo, Felipa, desalojada de su
comunidad en el municipio de El
Estor en 2011, respondió: “Yo no
puedo pedir algo al gobierno porque
simplemente son los responsables de
toda la destrucción que nos hicieron
el año pasado”. Muchos comentaron
que los intereses de las empresas
se ven más valorados que los de las
comunidades.