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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
metodología que fue cuestionada por
su superficialidad.
Comisiones y procesos
Cabe distinguir entre comisiones
y procesos de postulación. Las
comisiones son instancias temporales
que cumplen con procesar “materia
prima”. Si quienes optan son
personajes grises y mediocres, el
resultado será una materia de poca
consistencia, que cualquier mano
puede modelar. Su accionar es parte
de un proceso más amplio que se
gesta fuera y antes de la formalización
de las postuladoras. En un momento,
tales comisiones fueron pensadas
para modificar los asuntos de fondo
que permitieran la escogencia de
mejores profesionales al frente
de
la
institucionalidad
pública.
Actualmente, estos procesos, llenos
de formalismos que no agregan valor,
carecen de la fuerza necesaria para
modificar las formas y distribución del
poder y tampoco profundizan en los
atributos o factores que pesan para
analizar con detalle si el candidato
que opta llena o no el perfil deseable.
Además, ese perfil se ha relajado
hasta dar cabida a profesionales
que ni siquiera cumplen con la nota
mínima exigible durante sus años de
estudio universitario.
Nos encontramos ante un
momento de inflexión. O contribuimos
a diseñar nuevos mecanismos para
la elección de funcionarios o la total
cooptación de la institucionalidad será
inevitable. La medida está tomada.
Por ello, impulsar reformas a la Ley
de Comisiones de Postulación termina
siendo un paliativo que solo aplaza el
imperativo del cambio total de modelo.
¿Es esto posible? La primera respuesta
es que el escenario es cuesta arriba.
El diseño constitucional ha dado como
resultado, la creación y permanencia de
instituciones que aseguran dominio del
poder en pocas manos. La existencia de
candados para impedir participaciones
amplias, la sobrerrepresentación de los
intereses del capital, la porosidad para
influir las decisiones, la preservación de
los feudos, las prácticas clientelares, la
compra de voluntades, son solo algunos
de los rasgos que se han enraizado.
Existe una grave distancia entre
el país legal (historia constitucional y
jurídica del deber ser) y el país real en
el que los juegos del poder se llevan a
cabo en las veredas, y caminos ocultos.
No por gusto los estudios de cultura
política precisan que en Guatemala el
ejercicio de la ciudadanía es limitado
y poco profundo. De allí el riesgo
de solo apostar por refuncionalizar
el sistema, modificando pautas
pero no contenidos. Las élites
económicas, la intelectualidad, las
élites profesionales y políticas no
interpelamos las estructuras de las
sociedades, sino operamos como
las instituciones jurídicas, morales y
educativas que vigilan y recrean el
imperio del derecho.
Las instituciones encarnan, gene-
ralmente, las estrategias de los grupos
con más poder o con capacidades para
ser más influyentes y promover así sus
intereses. Tales grupos apelan a prin-
cipios y preceptos para aparecer como
“políticamente correctos”, aunque en
esencia se aseguran de que la verda-
dera dinámica transcurra por medio de
la informalidad de las reglas, la duplici-
dad de funciones o saltándose a quie-
nes estén en oposición o no agreguen
valor. Ese es el modus operandi de
las instituciones formales/informales