14
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
privilegiara la participación del sector
académico. De esa cuenta, el peso
de esta responsabilidad ha recaído
en las universidades y colegios
profesionales, con el objetivo de
dotar a estas elecciones de la ética,
honorabilidad
y
profesionalismo
propios de la academia. Al principio
tal pretensión fue cumplida en buena
medida. Por ejemplo, se ha repetido
mucho que el primer pleno de
magistrados del TSE, electo en 1983,
estuvo compuesto por profesionales
de la talla del licenciado Arturo
Herbruger y del resto de magistrados.
Las resoluciones de esa época eran
atendidas por los partidos; el Tribunal
era contundente y obedecido. Ese
perfil se ha visto disminuido hasta
el extremo. Universidades y colegios
profesionales han cedido al peso de
los intereses crecientes. Crear una
universidad y una facultad de derecho
se ha convertido en un gran negocio.
Poco importa si esa unidad académica
cuenta o no con estudiantes, equipo
docente
calificado,
pénsum
de
estudios articulado o sentido de
contribución para una mejor sociedad.
Tomar control de lo que ocurre en
las comisiones de postulación es
el objetivo para una diversidad de
actores.
El último intento para contener
esa “entrada de males” fue la
emisión de la Ley de Comisiones de
Postulación, aprobada por presión
social en el Congreso durante 2009
y que entró en vigencia ese mismo
año. Después de concluida la primera
ronda de su aplicación, está visto que
sus objetivos resultaron rebasados.
Un ejemplo: al finalizar el trabajo de la
comisión postuladora responsable de
proponer la lista de los 40 candidatos
para optar a las magistraturas del
TSE, su trabajo puede calificarse de
positivo desde el punto de vista del
uso de herramientas propuestas,
reuniones públicas y transparencia
de sus actos. En el listado final no
apareció buena parte de los candidatos
señalados negativamente por diversas
instancias. Ello resultó positivo; sin
embargo, la decisión final corresponde
al Congreso y allí la situación suele
complicarse al darse “vuelta a la
página” y ponerse en marcha otros
mecanismos que permiten que
los intereses espurios penetren y
terminen controlando al TSE. Con el
listado final puede considerarse que
no se tendrá un tribunal similar al
actual; quizás será mejor, pero esto
es solo una posibilidad. También
podría ser peor. La formalidad se
complicó; no obstante, en la lista de
los 40 aspirantes encontramos varios
candidatos que lograron colarse hasta
ubicarse en posiciones favorables
para ser electos por el pleno del
legislativo.
Ante lo anterior surgen varias
preguntas, pero sobresale una: ¿no
nos encontramos ya ante una evidente
realidad en la que el sistema de
comisiones de postulación ya aportó
lo que podía dar y ahora es necesario
instalar otros mecanismos para la
elección de funcionarios públicos en
instituciones claves como el Tribunal
Supremo Electoral, el Ministerio
Público, la Corte Suprema de
Justicia, las Salas de Apelaciones y la