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Revista Espacios Políticos
LOS DESAFÍOS DE LA
INTEGRACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DEL ESTADO
EN GUATEMALA:
¿COMISIONES DE
POSTULACIÓN O
NUEVO MODELO?
1
Renzo Lautaro Rosal
2
E
l tema de las comisiones de
postulación se encuentra
a la orden del día en
Guatemala. La agenda que rodea
estos mecanismos de elección a
importantes cargos públicos ha
tomado fuerza en 2014. Uno de
1 Transcripción de la conferencia inaugural
del ciclo académico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, URL 19 de
febrero de 2014.
2 Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociales con especialidad en Sociología
Política, magister artium en Relaciones
Internacionales ambos por la Universidad
Rafael Landívar. Fue secretario general
de la URL, decano de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de esa misma
Universidad, docente. Actualmente director
de Incidencia Pública de la URL.
los factores que lo impulsan es la
elección de magistrados del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) por parte
del Congreso de la República; el
siguiente es el polémico proceso por
el cual otra postuladora seleccionó
a los seis candidatos para que el
presidente de la República eligiera a
quien sustituirá a la Dra. Claudia Paz
y Paz al frente del Ministerio Público.
A lo anterior se añaden la elección de
magistrados del Organismo Judicial,
de la Corte Suprema de Justicia y el
Contralor General de la República. A
lo largo de estos procesos se ponen
de relieve algunos factores que
conviene resaltar: el sentido y futuro
de la institucionalidad, así como
los límites y el juego de intereses
que transcurren dentro y fuera de
las comisiones de postulación. En
cualquier caso hay que considerar
que el modelo de las postuladoras ha
prácticamente sucumbido, además
de que sus propósitos iniciales se han
debilitado considerablemente.
¿Cuál es el sentido de las
postuladoras? ¿Servir de filtro,
articular intereses, procesar “materia
prima” o bien todas esas finalidades
juntas? El límite de las postuladoras
estriba en constatar que la búsqueda
del equilibrio originario no se logró.
Recordemos que con anterioridad a
la Constitución Política de 1985, las
decisiones para el nombramiento
de cargos públicos se gestaban en
oficinas privadas en cuarteles del
Ejército o en otros espacios que poca
relación tenían con la esfera pública.
Ante tal parcialización de intereses,
se buscó un nuevo mecanismo que