Martín Rodríguez Pellecer /

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El poder empresarial sobre los militares –como 

sucedió con prácticamente todos los gobiernos en-

tre 1954 y 1985– era significativo. Tanto que tenían, 

incluso en los peores tiempos de la represión, 

derecho a la libre expresión, a no tener que hacer 

servicio militar, a poder tener grupos armados para 

defenderse de las guerrillas y a oponerse pública-

mente a las decisiones gubernamentales. Un ejem-

plo fue el 18 de noviembre de 1982, cuando, en un 

campo pagado en Prensa Libre, la Cámara de In-

dustria le reclama al Gobierno por decisiones “in-

consultas”, “incongruentes” y “preocupantes” para 

la economía nacional. Las críticas publicadas en 

los medios de la época, por cierto, nunca se refi-

eren a la contrainsurgencia ni a la violencia contra 

civiles sino se centran en el estilo de gobernar de 

Ríos Montt, que se reflejaba en sus discursos sobre 

moral contra la explotación laboral o sus desplan-

tes al papa Juan Pablo II.

“Tenemos que recordar que el sector privado suf-

ría ataques directos de la guerrilla. Desde que nos 

CAPÍTULO 3

¿Una dictadura 

militar-empresarial?