Martín Rodríguez Pellecer /
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- ¿Y también que se pudiera juzgar después a em-
presarios cercanos al gobierno de Ríos Montt?, se
le preguntó a Chicola.
- “Se comparó con otros países con sentencias
por genocidio. En Alemania o Ruanda se utilizó
la acusación de genocidio contra personas que fa-
cilitaron, promovieron o fueron testigos de actos
de genocidio. Se hizo un análisis de la cadena de
mando, y si se llegaba al Presidente (Ríos Montt),
el Consejo de Estado también podría haber sido
enjuiciado. En el Consejo participaban líderes aca-
démicos, sociales y empresariales. En el caso de Ar-
gentina se demandó de manera civil a proveedores
del ejército argentino. En Guatemala, cualquiera
que hubiera tenido cualquier colaboración con el
ejército podría haber sido susceptible de deman-
das civiles”.
Primero, las advertencias de Zury Ríos y otros hi-
jos de militares, como Ricardo Méndez-Ruiz, –
según el empresario que participó en las reunio-
nes entre ellos y miembros del Cacif–; segundo,
las intuiciones de algunos empresarios; tercero, los
análisis políticos; y cuarto, el comunicado de los
intelectuales, cuatro factores dieron pie al boicot
que lograría que la Corte de Constitucionalidad
anulara la sentencia condenatoria el 20 de mayo.
Un boicot, decidido tras la sentencia del 10 de
mayo, que no fue respaldado por toda la élite em-
presarial, según un empresario joven que participó
de las deliberaciones. El 10 de mayo, cuando el Tri-
bunal de Alto Riesgo, conformado por Yasmín Bar-
rios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, dictó la
sentencia de 80 años de prisión contra Ríos Montt
por los delitos de genocidio y crímenes contra la
humanidad, algunos empresarios moderados, más
jóvenes, intentaron hacer que se respetara el fallo