/ Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra

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al Consejo de Estado de 1982 y 1983, del que eran 

parte seis grandes empresarios. Y leyeron a los 12 

intelectuales y políticos de la élite, que publicaron 

un comunicado el 16 de abril, alertando sobre 

cómo una sentencia por genocidio sería el aca-

bose para el Estado, para la paz política y para el 

prestigio de Guatemala. Entre los 12 estaban dos 

exvicepresidentes, seis exministros, dos exsecre-

tarios, dos exguerrilleros y un diputado cercanos a 

los dos expresidentes de la élite en el actual perío-

do democrático: Álvaro Arzú (1996-2000) y Óscar 

Berger (2004-2008). Una de las signatarias del co-

municado fue Raquel Zelaya, secretaria ejecutiva 

de la Asociación para la Investigación y Estudios 

Sociales (Asíes), ex ministra de Finanzas y signa-

taria de los Acuerdos de Paz; Zelaya también fue 

una de las integrantes del Consejo de Estado de 

1982-1983 y se le preguntó si eso tuvo que ver con 

su firma en el comunicado. “Para nada, tengo la 

más firme convicción personal al respecto, lo cual 

no significa que niegue los hechos, ni evidentes 

delitos de lesa humanidad que se cometieron, 

pero que no llegaron al tema” de genocidio, fue 

su respuesta.

Los análisis de los politólogos del Cacif se dividi-

eron en dos documentos: “El primero, en marzo, 

fue que en Guatemala no hubo genocidio porque 

no está clara la voluntad expresa de destruir a un 

grupo étnico. Se cometieron actos constitutivos 

del delito de genocidio, pero no sucedió el ele-

mento de la voluntad de destruir a un grupo. El 

segundo análisis, en la primera semana de mayo, 

incluyó todos los fallos del proceso legal por parte 

del tribunal”, explica Philip Chicola, uno de los 

analistas del Cacif.