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I. Marco de Referencia
Poseen características socioculturales (idiomas, tradiciones, costumbres, etc.), una identidad
específica, formas de organización social, normas e instituciones sociales, culturales, económicas
y políticas, todos rasgos distintivos y propios o sentidos como tales. Suelen actuar como sujetos
colectivos y se relacionan a partir de sus propias expresiones de representación ante actores
sociales, económicos, institucionales y políticos.
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Dichos pueblos y su población se encuentran mayoritariamente en determinados depar-
tamentos, algunos de cuyos territorios están siendo objeto de disputa, de explotación desmedida
de recursos naturales y de conflictividad social, por lo que sus condiciones se agravan y tienden
a provocar mayor protesta y conflictividad. Por ejemplo, en los departamentos donde se ubica
la Franja Transversal del Norte, los cuales presentan altos índices de pobreza: Huehuetenango
71%, El Quiché 81%, Alta Verapaz 78%, Baja Verapaz 70% e Izabal 61%. En estos territorios, por
su ruralidad y relación con los procesos productivos, la población y comunidades indígenas han
sido objeto de explotación y expoliación de sus tierras y recursos, y permanentemente sufren de
presiones generadas por las variaciones que se registran en el modelo de producción dominante.
Además, se enfrentan a condiciones de discriminación racial y étnica cotidiana, que trasciende
al régimen económico y político que los incluye en los principales procesos de acumulación de
capital, pero como fuerza de trabajo barata, mientras los excluye de las decisiones trascendentales
–en especial en aquellas que se relacionan con su subsistencia– y de las riquezas producidas en el
país. En ese sentido, se han determinado formas de discriminación y exclusión que se manifiestan
en el ámbito interpersonal, pero también legal, institucional y estructural (Stavenhagen, 2003).
De hecho, se ven permanentemente afectados por una incesante agresión para despojarlos de sus
recursos (tierras, territorios), violación de los derechos a la propiedad intelectual de sus cono-
cimientos, imposición de un sistema jurídico y falta de acceso a la justicia, imposición edu cativa
y falta de acceso a medios educativos, imposición de un sistema de salud y falta de re cursos
para garantizarla, dificultades para participar activamente en los procesos y toma de decisiones
nacionales. Una situación que se agrava en el caso de las mujeres y los niños. En estas condiciones,
la población indígena y las expresiones comunitarias y municipales de los pueblos indígenas,
han enfrentado fuertes limitaciones para ejercer su ciudadanía –individual y colectivamente
considerada– y para contar con la representación necesaria para elevar sus reivin dicaciones,
demandas y propuestas.
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Contrariamente, siguen siendo objeto de dominio e im posición de
valores, normas, estructuras organizativas, formas de gobierno y acceso al poder, etc., en buena
medida basado en el paradigma de “lo occidental”, entendido erróneamente como lo superior.
de la población guatemalteca, expresada en general en sus condiciones de pobreza (el 74.8%) y pobreza extrema
(27.25%).
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En el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del
Trabajo, entiende como pueblos aquellos que tienen condiciones sociales, culturales y económicas que les distinguen
de otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o
tradiciones o por una legislación especial. Asimismo, agrega que descienden de poblaciones que habitaban en el país
o en una región geográfica en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económi-
cas, culturales y políticas, o parte de ellas. Dicho Convenio da preeminencia a la conciencia de identidad como criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican sus disposiciones.
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Éste es así, no obstante que la mayoría de municipios con población indígena mayoritaria son gobernados por alcal des
indígenas. Sin embargo, también se constata, que el ejercicio de este poder, se basa en criterios partidarios, institucio-
nales correspondientes al Estado y a las lógicas de la política dominante, en tanto se alejan de los intereses y formas
colectivas de existencia de los pueblos indígenas.