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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
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2009-2016
Esto se constata nuevamente con la decisión del pleno del Congreso de
la República de enviar a revisión, análisis y para enmiendas la iniciativa de
ley a la Comisión de Agricultura, después de haberla aprobado en segunda
lectura el 2 de febrero de 2016. Eso lo realiza un Congreso de la República
predominantemente opuesto a los intereses campesinos e indígenas, que
argumentó que la iniciativa presentaba algunas inconstitucionalidades
46
. Esta
decisión constituyó el último obstáculo legislativo interpuesto por quienes
se oponen a la iniciativa de ley, con lo cual abrieron la posibilidad para
modificar sus contenidos, en especial de aquellos asuntos trascendentes e
irrenunciables para el movimiento campesino, tales como: el sujeto priorizado,
la institucionalidad, la asignación presupuestaria, el enfoque territorial, entre
otros que están incluidos en la iniciativa consensuada por la ADRI.
En este marco, lograr una ley como la pretendida por el movimiento
campesino depende de la posibilidad de articular un movimiento político
más allá de las organizaciones campesinas y sus aliados inmediatos en
la tentativa de la LSDRI y la PNDRI, que confluya en la pretensión de
transformar la estructura económica y social del modelo de acumulación
capitalista y el régimen político en su conjunto. En este sentido se registran
avances importantes como la realización del IV Congreso Nacional
de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, realizado en la Ciudad
de Guatemala, del 7 al 9 de agosto de 2014, así como la gestación de la
Asamblea Social y Popular en el contexto de la crisis política desatada de
2015, producto del descubrimiento de redes criminales que controlaban el
Organismo Ejecutivo, Legislativo y con fuertes tentáculos en el Organismo
Judicial. Ambas instancias han permitido avances en la articulación política
de una parte del movimiento campesino y otros movimientos y sujetos,
como comunidades, y algunas dirigencias mayas y xincas. No obstante, aún
hace falta lograr articulación con otros esfuerzos, tales como el Consejo
del Pueblo Maya y otras organizaciones campesinas, entre ellas, el Comité
de Desarrollo Campesino (Codeca).
46 Entre otras inconstitucionalidades que se aducen están: la invasión de competencias del Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), como encargado de coordinar la PNDRI,
y de la Junta Monetaria, con relación a la formulación de políticas económicas. Con relación
a estos asuntos, la ADRI ha manifestado su disposición a que tales inconstitucionalidades
pudieran ser subsanadas para que finalmente se apruebe la iniciativa con los contenidos que
esta propuso.