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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
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2009-2016
políticas neoliberales y orientado a facilitar con exclusividad los intereses
dominantes. En este marco, la institucionalidad agraria devenida de las
negociaciones de paz, concluidas en 1996, resultó insuficiente, paliativa y
contradicha para resolver la problemática.
Es así como el movimiento campesino amplió y complejizó su plataforma
de lucha, con la propuesta y lucha por la aprobación de la LSDRI y la
implementación de la PNDRI, las cuales constituyen la posibilidad de una
política y una institucionalidad del Estado rectoras y más coherentes con la
problemática que enfrentan la economía, los sujetos y las dinámicas rurales
y campesinas. Por su carácter constituyen dos herramientas de política
que entran parcialmente en contradicción con el modelo de acumulación
de capital, con la doctrina neoliberal imperante hacia lo rural, y con los
intereses y la mirada empresarial representada principalmente en la Cámara
del Agro y el Cacif. Es por ello que estos gremios y sus distintos operadores
utilizaron un conjunto de mecanismos para obstaculizar el proceso y curso
legislativo de la iniciativa de la LSDRI.
En este contexto de poder, puede afirmarse que, en especial durante los
gobiernos de Colom y de Pérez Molina, se aparentó una disposición para que
avanzara tanto el proceso de aprobación de la ley como de la política. Esto
se constata en declaraciones favorables, al mismo tiempo que realizaron
una aplicación marginal, parcial y poco efectiva de la política, en específico.
Aún más revelador resulta la incapacidad de generar respuestas eficaces
desde los mecanismos de coordinación interinstitucional; la indisposición
financiera que se concretó en las asignaciones presupuestarias para el efecto;
el apoyo decidido a las dinámicas de avance del modelo extractivista basado
en el agronegocio; el despojo de bienes naturales y la descampenización;
la priorización de la Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021, que
enfatiza privilegios para la actividad exportadora y la inversión extranjera;
la aplicación de mecanismos asistencialistas, clientelares y de promoción de
una mayor dependencia tecnológica; además de la corrupción que imperó
especialmente durante la gestión 2012-2016.
La lucha del movimiento campesino por lograr la aprobación e
implementación coherente de una política en materia de desarrollo rural
ha transcurrido por un sendero con múltiples dificultades y obstáculos.