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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
monocultivos; también la asignación de recursos presupuestarios para la
efectiva ejecución de la PNDRI y la aprobación de la LSDRI. Se exigió
el reconocimiento al derecho de posesión de comunidades asentadas al
momento de la declaración de áreas protegidas y la regularización de tierras
en posesión de comunidades campesinas. Por último, la captura de quienes
agredieron violentamente a comunidades, líderes y activistas campesinos.
En ese sentido, el Gobierno se comprometió a:
• Solucionar la deuda agraria que sumaba unos Q300 millones y que
afectaba a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional.
• Presentar una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las
operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias
respectivas.
• Crear un acuerdo ministerial que revocara el permiso de uso de aguas
nacionales para tales objetivos e impulsar una iniciativa de ley ante el
Congreso de la República para la moratoria de los proyectos mineros.
• Resolver varios conflictos y retirar las tropas militares de varios
puntos de conflicto.
• Cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a favor de 14 comunidades
desalojadas en marzo de 2011, en el valle del Polochic (Alta Verapaz),
así como adjudicar una finca del Estado ubicada en esa región a las
familias afectadas por tales desalojos violentos.
La marcha campesina, así como el proceso de negociación entablado
con el Gobierno, muestra aspectos reveladores. Con relación al caso de
los desalojos en el valle del Polochic, el Gobierno del Partido Patriota
incumplió los acuerdos, entre estos, el de dotar de tierras a 300 familias en
2012 y a 300 familias más en 2013. En concreto, en octubre de 2013 se
hizo un acto de entrega de títulos de propiedad de tierra a 140 familias, las
cuales fueron trasladadas a la ubicación de las cesiones sin que existieran
las condiciones y los servicios para el nuevo asentamiento humano. El 2
de diciembre de 2014, por presión de organizaciones campesinas, como el
CUC, el Gobierno se comprometió a entregar tierras a 250 familias más en