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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
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2009-2016
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, empezaron
a darse nuevas divisiones que se explican por múltiples factores: la
visión y prioridad con relación a la lucha campesina, las estrategias de
negociación ante el Estado, la disputa de los espacios institucionales y
de los financiamientos generados por los acuerdos respectivos, la disputa
por los apoyos de la cooperación internacional y de las «bases sociales»,
entre otros. Esto devino en la desaparición de Copmagua (2000) y la
fragmentación de CNOC, instancia que aun cuando se mantiene ha dejado
de ser la representación de la articulación del movimiento campesino.
Durante la etapa de 2000 al 2011, en general, se registraron movilizaciones
y negociaciones paralelas frente al Estado, desde las cuales se obtuvieron
algunos logros, especialmente para el CUC, la CNOC, la Conic y la
Plataforma Agraria. Se logró frenar por momentos el desalojo de fincas
ocupadas, así como algunos recursos para comprar o arrendar tierras. Esto,
en un marco de surgimiento de nuevas organizaciones campesinas, algunas
con cierto sustento organizativo y/o relacionadas con las estrategias
gubernamentales para manejar clientelarmente los presupuestos de
ayuda al área rural y campesina, y para controlar la movilización social
especialmente de aquellas organizaciones catalogadas como radicales.
A pesar de las diferencias y contradicciones, en el contexto del gobierno
de Alfonso Portillo (2000-2004), una parte del movimiento campesino
–CNOC, Plataforma Agraria y CCDA, entre otras– logró confluir en el
interés por concebir una propuesta de ley y una política de desarrollo rural
integral. En ese propósito convergieron con instituciones académicas,
entidades vinculadas a la Iglesia católica, cooperativas e instituciones
estatales autónomas (como la Universidad de San Carlos de Guatemala),
en la búsqueda por formular sendas propuestas. Esto sucedió después de la
implementación parcial de la institucionalidad devenida de los Acuerdos de
Paz, de las críticas por sus limitaciones y de experiencias catalogadas como
fracaso en el diálogo y la negociación durante los sucesivos gobiernos de
Álvaro Arzú, Alfonso Portillo y Óscar Berger, en los cuales dominaron
las acciones dilatorias y las claras preferencias por los intereses de los
dueños latifundistas de la tierra y las nuevas inversiones de capital local y
transnacional en el ámbito rural.