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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
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2009-2016
y países empobrecidos, y la aplicación de políticas que protejen la
producción nacional y de los pequeños productores.
f. Vulnera lo relativo a la propiedad privada, como derecho individual
para el uso, disfrute y disposición libre de esta, así como la obligación
del Estado de impulsar programas de desarrollo que tiendan a
incrementar y diversificar la producción con base en el principio de
propiedad privada, siendo que la ley establece una política agraria que
reformaría y democratizaría el uso, tenencia y propiedad de la tierra,
desincentivando su concentración e incentivando el área destinada a
la producción de alimentos para los sujetos que establece la misma.
g. Contradice las competencias y la autonomía de la Junta Monetaria
en la determinación de las políticas cambiarias y crediticias
favorables al desarrollo ordenado de la economía; modifica el fin de
las políticas macroeconómicas de asegurar la estabilidad económica,
al favorecer el desarrollo y crecimiento de la economía rural,
indígena y campesina; y revisa los tratados y acuerdos comerciales
internacionales en función de los objetivos del desarrollo rural.
h. Concibe la inseguridad alimentaria como un problema de producción
de granos básicos y autarquía alimentaria, que mermaría cultivos
más productivos y por consiguiente afectaría en 1.8 % al PIB.
i. Pone en riesgo la certeza jurídica para la inversión y daña la imagen
internacional de Guatemala en materia comercial y en la calificación
de riesgo país, entre otros.
j. No contempla los objetivos necesarios de una política integral de
desarrollo rural: integralidad, sostenibilidad, viabilidad; libertad y
economía de mercado; satisfacción de las necesidades básicas de
vida; crecimiento con equidad; sostenibilidad ambiental; tampoco
reconoce como requisito la creación de riqueza.
Como se observa, estas argumentaciones devenidas de la matriz ideológica
del sector empresarial como representación de la clase dominante en
Guatemala revelan finalmente un marco de interpretación en defensa del
statu quo y la posición radical en contra de la ley y de la política.