127
Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
M
ario
S
oSa
V
eláSquez
D
iSputa
por
la
p
olítica
De
D
eSarrollo
r
ural
i
ntegral
en
g
uateMala
,
2009-2016
Contrariamente, se impulsaron políticas que en su concreción estimularon
la descampesinización del área rural y facilitaron las formas de acumulación
de capital vía el avance del agronegocio, la minería, la explotación petrolera,
entre otras.
De hecho, como afirma Ricardo Zepeda
35
, el presidente Colom tergiversó
la propuesta de desarrollo rural integral al reestructurar el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), incorporando el
Programa ProRural, con el cual se pretendió llevar a cabo acciones
de asesoría en artesanías, turismo, energía y desarrollo comunitario,
así como capacitar y administrar recursos orientados a la producción
de maíz, café, hortalizas y productos pecuarios. Lo más relevante del
mismo fue la dotación de fertilizantes relativamente baratos para la
población campesina, especialmente hacia aquellos segmentos de su
interés en el marco de la política clientelar implementada con objetivos de
«gobernabilidad» y electorales.
El Programa ProRural desapareció a inicios de 2011, cuando se
creó el Sistema Nacional de Extensión Rural, orientado al apoyo de
productores de escasos recursos. Principalmente, este programa ejecutó
acciones de capacitación y asesoría de forma deficitaria con relación a
las necesidades imperantes, debido a la falta de recursos y de autonomía
política de las instituciones y funcionarios en el momento de su gestión.
Complementariamente, se puso en marcha el programa Cohesión Social con
acciones de asistencia alimentaria y transferencias monetarias condicionadas,
las cuales aun cuando paliaron en parte la inseguridad alimentaria, fueron
completamente insuficientes, clientelares y paulatinamente desmanteladas
desde el gobierno de Otto Pérez Molina.
No obstante el estancamiento político de la iniciativa de la LSDRI, la
presión campesina generó que durante el período gubernamental 2012-
2016, la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales del Congreso
de la República abriera un espacio de consulta ciudadana con relación a
la misma. Algunas organizaciones campesinas participaron reiterando su
acuerdo y petición para que la LSDRI fuera aprobada sin modificaciones. Sin
35 Ricardo Zepeda, «Anotaciones sobre la implementación del enfoque de la nueva ruralidad en
Guatemala», Territorios, núm. 6 (2011): 71-96.