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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
En buena medida, lo que explica su carácter de objeto excluido de la
política pública se encuentra en la orientación neoliberal del Estado,
contexto en el cual este ha sido facilitador con exclusividad de los intereses
del gran capital local y transnacional. En este marco fue desmantelada la
insuficiente institucionalidad agrícola existente hasta finales de la década
de 1980, la cual incluía el Instituto Nacional de Transformación Agraria,
el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, el Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola, la Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y
Alimentación, la Dirección General de Servicios Pecuarios, la Dirección
General de Servicios Agrícolas, el Instituto Nacional de Comercialización
Agrícola. De hecho, al Estado se le despojó de su incipiente papel
rector y tutelar de la economía y la producción nacional, lo cual tuvo
su correlato en la política agraria y agrícola: una institucionalidad y un
presupuesto orientados hacia la agricultura familiar cada vez menor. Así,
las intervenciones estatales con relación a esta fueron convertidas en
simples acciones paliativas y de contención, como respuesta a la protesta
social generada por el movimiento campesino.
Con los Acuerdos de Paz de 1996, en específico con el Acuerdo sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (6 de mayo de 1996), se
intentó la creación de una institucionalidad para dar respuesta y beneficiar
a la pequeña unidad productiva agrícola y al desarrollo rural, especialmente
a partir de la idea de que una:
[…] resolución de la situación agraria es un proceso complejo que abarca múltiples
aspectos de la vida rural, desde la modernización de las modalidades de producción
y de cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la
propiedad, la adecuada utilización de la tierra y del trabajo, la protección laboral
y una distribución más equitativa de los recursos y beneficios del desarrollo. Se
trata también de un proceso social cuyo éxito no reposa sólo sobre el Estado sino
también sobre una convergencia de esfuerzos por parte de los sectores organizados
de la sociedad, conscientes que el bien común requiere romper con los esquemas
y prejuicios del pasado y buscar formas nuevas y democráticas de convivencia
22
.
De ahí procede la creación del Fondo de Tierras y de la Secretaría de
Asuntos Agrarios (SAA), órganos que resultaron insuficientes según las
perspectivas del desarrollo rural y para disminuir las brechas que provoca la
22 Gobierno de la República de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (México: 6 de mayo de 1996), numeral 30.