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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

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2009-2016

Esto se constata nuevamente con la decisión del pleno del Congreso de 
la República de enviar a revisión, análisis y para enmiendas la iniciativa de 
ley a la Comisión de Agricultura, después de haberla aprobado en segunda 
lectura el 2 de febrero de 2016. Eso lo realiza un Congreso de la República 
predominantemente opuesto a los intereses campesinos e indígenas, que 
argumentó que la iniciativa presentaba algunas inconstitucionalidades

46

. Esta 

decisión constituyó el último obstáculo legislativo interpuesto por quienes 
se oponen a la iniciativa de ley, con lo cual abrieron la posibilidad para 
modificar sus contenidos, en especial de aquellos asuntos trascendentes e 
irrenunciables para el movimiento campesino, tales como: el sujeto priorizado, 
la institucionalidad, la asignación presupuestaria, el enfoque territorial, entre 
otros que están incluidos en la iniciativa consensuada por la ADRI.

En este marco, lograr una ley como la pretendida por el movimiento 
campesino depende de la posibilidad de articular un movimiento político 
más allá de las organizaciones campesinas y sus aliados inmediatos en 
la tentativa de la LSDRI y la PNDRI, que confluya en la pretensión de 
transformar la estructura económica y social del modelo de acumulación 
capitalista y el régimen político en su conjunto. En este sentido se registran 
avances importantes como la realización del IV Congreso Nacional 
de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, realizado en la Ciudad 
de Guatemala, del 7 al 9 de agosto de 2014, así como la gestación de la 
Asamblea Social y Popular en el contexto de la crisis política desatada de 
2015, producto del descubrimiento de redes criminales que controlaban el 
Organismo Ejecutivo, Legislativo y con fuertes tentáculos en el Organismo 
Judicial. Ambas instancias han permitido avances en la articulación política 
de una parte del movimiento campesino y otros movimientos y sujetos, 
como comunidades, y algunas dirigencias mayas y xincas. No obstante, aún 
hace falta lograr articulación con otros esfuerzos, tales como el Consejo 
del Pueblo Maya y otras organizaciones campesinas, entre ellas, el Comité 
de Desarrollo Campesino (Codeca).

46 Entre otras inconstitucionalidades que se aducen están: la invasión de competencias del Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), como encargado de coordinar la PNDRI, 

y de la Junta Monetaria, con relación a la formulación de políticas económicas. Con relación 

a estos asuntos, la ADRI ha manifestado su disposición a que tales inconstitucionalidades 

pudieran ser subsanadas para que finalmente se apruebe la iniciativa con los contenidos que 

esta propuso.