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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

No obstante algunos logros alcanzados en materia de concesiones 
gubernamentales menores, resulta obvio que la movilización campesina, 
en las condiciones de desarticulación en el movimiento campesino y con 
una correlación de fuerzas adversa, ha enfrentado limitaciones para lograr 
la aprobación de la LSDRI, la implementación coherente de la PNDRI y 
frenar el proceso de profundización del modelo de acumulación de capital y 
los efectos que implica en la economía campesina en general, con su cauda 
de despojo y desplazamiento, mayor inseguridad alimentaria, pérdida de 
fuentes de empleo, etc. En estas circunstancias, es poco factible desplazar 
los intereses que han regido la política estatal en materia agraria y rural, los 
cuales siguen teniendo la capacidad de vetar la ley y el funcionamiento de 
la política. Así las cosas, la disputa sigue siendo ganada por el gran capital 
organizado, el cual ha logrado el retraso, cercenamiento y supeditación de 
la propuesta de la LSDRI devenida de 2009.

Lo anterior hace poner en cuestión las condiciones de la lucha campesina y 
la estrategia política implementada, siendo el carácter dilatorio e inefectivo 
que regularmente presentan los espacios de diálogo abiertos por el Estado, 
la inefectividad de aquellos acuerdos cuando son suscritos, así como el 
desarrollo de políticas productivistas, extractivas y expoliadoras que 
avanzan a paso firme, y las acciones de criminalización, control y represión 
hacia el movimiento (una constante que experimenta la protesta social en 
general) para garantizarlas.

En general, puede afirmarse que las tendencias globales del capital                   
–que se concretan en el territorio guatemalteco a través de los proyectos 
extractivos y el sostenimiento de la estructura de la tenencia de la tierra, 
la implementación del modelo primario exportador y las políticas públicas 
facilitadoras del mismo– son contrarias a la solución de la problemática 
que enfrenta la población rural en condición de pobreza y marginación, y 
a la búsqueda del movimiento campesino porque se decrete la LSDRI y se 
implemente la PNDRI con las pretensiones fundamentales procedentes de 
la propuesta campesina de 2009.

La aprobación de la iniciativa para la LSDRI, con los contenidos y objetivos 
pretendidos por el movimiento campesino es poco probable que ocurra.