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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

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2009-2016

políticas neoliberales y orientado a facilitar con exclusividad los intereses 
dominantes. En este marco, la institucionalidad agraria devenida de las 
negociaciones de paz, concluidas en 1996, resultó insuficiente, paliativa y 
contradicha para resolver la problemática.

Es así como el movimiento campesino amplió y complejizó su plataforma 
de lucha, con la propuesta y lucha por la aprobación de la LSDRI y la 
implementación de la PNDRI, las cuales constituyen la posibilidad de una 
política y una institucionalidad del Estado rectoras y más coherentes con la 
problemática que enfrentan la economía, los sujetos y las dinámicas rurales 
y campesinas. Por su carácter constituyen dos herramientas de política 
que entran parcialmente en contradicción con el modelo de acumulación 
de capital, con la doctrina neoliberal imperante hacia lo rural, y con los 
intereses y la mirada empresarial representada principalmente en la Cámara 
del Agro y el Cacif. Es por ello que estos gremios y sus distintos operadores 
utilizaron un conjunto de mecanismos para obstaculizar el proceso y curso 
legislativo de la iniciativa de la LSDRI.

En este contexto de poder, puede afirmarse que, en especial durante los 
gobiernos de Colom y de Pérez Molina, se aparentó una disposición para que 
avanzara tanto el proceso de aprobación de la ley como de la política. Esto 
se constata en declaraciones favorables, al mismo tiempo que realizaron 
una aplicación marginal, parcial y poco efectiva de la política, en específico. 
Aún más revelador resulta la incapacidad de generar respuestas eficaces 
desde los mecanismos de coordinación interinstitucional; la indisposición 
financiera que se concretó en las asignaciones presupuestarias para el efecto; 
el apoyo decidido a las dinámicas de avance del modelo extractivista basado 
en el agronegocio; el despojo de bienes naturales y la descampenización; 
la priorización de la Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021, que 
enfatiza privilegios para la actividad exportadora y la inversión extranjera; 
la aplicación de mecanismos asistencialistas, clientelares y de promoción de 
una mayor dependencia tecnológica; además de la corrupción que imperó 
especialmente durante la gestión 2012-2016.

La lucha del movimiento campesino por lograr la aprobación e 
implementación coherente de una política en materia de desarrollo rural 
ha transcurrido por un sendero con múltiples dificultades y obstáculos.