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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

monocultivos; también la asignación de recursos presupuestarios para la 
efectiva ejecución de la PNDRI y la aprobación de la LSDRI. Se exigió 
el reconocimiento al derecho de posesión de comunidades asentadas al 
momento de la declaración de áreas protegidas y la regularización de tierras 
en posesión de comunidades campesinas. Por último, la captura de quienes 
agredieron violentamente a comunidades, líderes y activistas campesinos. 
En ese sentido, el Gobierno se comprometió a: 

• Solucionar la deuda agraria que sumaba unos Q300 millones y que 

afectaba a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional.

• Presentar una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las 

operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias 
respectivas.

• Crear un acuerdo ministerial que revocara el permiso de uso de aguas 

nacionales para tales objetivos e impulsar una iniciativa de ley ante el 
Congreso de la República para la moratoria de los proyectos mineros.

• Resolver varios conflictos y retirar las tropas militares de varios 

puntos de conflicto.

• Cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a favor de 14 comunidades 
desalojadas en marzo de 2011, en el valle del Polochic (Alta Verapaz), 
así como adjudicar una finca del Estado ubicada en esa región a las 
familias afectadas por tales desalojos violentos.

La marcha campesina, así como el proceso de negociación entablado 
con el Gobierno, muestra aspectos reveladores. Con relación al caso de 
los desalojos en el valle del Polochic, el Gobierno del Partido Patriota 
incumplió los acuerdos, entre estos, el de dotar de tierras a 300 familias en 
2012 y a 300 familias más en 2013.  En concreto, en octubre de 2013 se 
hizo un acto de entrega de títulos de propiedad de tierra a 140 familias, las 
cuales fueron trasladadas a la ubicación de las cesiones sin que existieran 
las condiciones y los servicios para el nuevo asentamiento humano. El 2 
de diciembre de 2014, por presión de organizaciones campesinas, como el 
CUC, el Gobierno se comprometió a entregar tierras a 250 familias más en