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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

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2009-2016

Civil y ejército) y grupos armados o paramilitares al servicio de 
empresarios vinculados al caso.

g. La violencia utilizada durante el desalojo, que tuvo como cauda el 

asesinato de un campesino, y varios heridos y detenidos.

h. La continuidad de la violencia en contra de las familias desalojadas 

durante los meses posteriores, siendo su decisión quedarse a orillas 
de los caminos cercanos a sus asentamientos anteriores, en búsqueda 
de solución a sus demandas.

i. La agilidad del sistema judicial como operador del procedimiento de 

desalojo mientras mantuvo en un marco de impunidad a los autores 
materiales e intelectuales de los hechos de violencia en contra de los 
campesinos y de las comunidades desalojadas.

j. La marginación de las negociaciones previas al desalojo, las 

cuales incluyeron la creación de una comisión de alto nivel con 
representantes gubernamentales, de los campesinos y del ingenio 
Chabil Utzaj, en encontrar una solución a la problemática específica.

k. La denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

la cual recomendó medidas cautelares a favor de las comunidades 
afectadas, que en buena medida fueron incumplidas por el Gobierno 
de Álvaro Colom y, posteriormente, por el de Otto Pérez Molina.

l. La absoluta desprotección de las familias desalojadas, quienes 

quedaron en condiciones de vulnerabilidad.

Con esta marcha y la apertura de negociaciones lograda con el Gobierno, 
se buscó detener los desalojos de comunidades ocupantes de tierras 
reivindicadas como propias por  campesinos, en disputa con terratenientes 
y agronegocios; la condonación de la deuda agraria adquirida con la 
compra de tierras, especialmente devenida desde la creación del Fondo 
de Tierras; y el fin de la criminalización contra los movimientos populares 
que incluían la persecución policial y judicial, la represión por organismos 
del Estado y por guardias de seguridad de terratenientes y empresas. 
Asimismo, la cancelación de las licencias de exploración y explotación 
minera y petrolera, la construcción de hidroeléctricas y el impulso de