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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
imperante, y la marginación y supeditación de la problemática que enfrenta
la economía campesina y la población rural.
En este proceso, ha sido claro que la Cámara del Agro y el Cacif, como
expresiones del capital organizado políticamente, han tenido un poder
de veto con relación a la iniciativa de la LSDRI y la implementación
de la PNDRI. En este sentido, han sido acuerpados por un conjunto
de fundaciones y organizaciones no gubernamentales de carácter
paraempresarial, varias de las cuales son financiadas y dirigidas por estas
entidades, como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Asimismo, fue clara la orientación gubernamental al impulsar una política
de control y represión hacia la movilización social opuesta a las políticas
del interés del capital local y transnacional.
5. Estrategia reciente y retos del movimiento campesino para
una política de desarrollo rural integral
Después de un proceso de múltiples contradicciones, especialmente en
el inicio de la década de 1990, cuando se registró un rompimiento entre
dirigentes y bases del Comité de Unidad Campesina (CUC) –la principal
organización campesina surgida en 1978–, que devino en el surgimiento
de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas (Conic), la
coyuntura de las negociaciones de paz abrió la posibilidad para una nueva
confluencia de las principales expresiones del movimiento campesino.
Es así como se crea la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (CNOC) en 1992 y la Coordinación de Organizaciones del
Pueblo Maya de Guatemala Saqb’ichil (Copmagua) en 1994, las cuales
resultaron de primer orden en la negociación y firma de dos importantes
acuerdos: Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria,
y Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. De hecho,
ambas plataformas eran vistas como opciones importantes para avanzar
en los cambios planteados por el mismo movimiento campesino y el
movimiento maya.
No obstante algunos avances logrados en materia de obtención de tierras
y financiamiento, originados del cumplimiento parcial y deficitario del