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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150
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2009-2016
En la formulación del plan de adecuación y activación de la política, de
hecho, han convivido dos búsquedas. Por un lado, la implementación
del modelo de acumulación de capital por desposesión vía la minería, los
proyectos hidroeléctricos, la expansión de agronegocios, los megaproyectos
de infraestructura eléctrica, vial y servicios, entre otros. Este ha sido el
eje predominante en la concreción de la política gubernamental. Es
decir, la PNDRI fue supeditada a un conjunto de normas y políticas
con relación al agro y lo rural, las cuales continuaron la promoción y el
apoyo del modelo de acumulación predominante, el cual profundiza la
reconcentración y reconversión productiva de la tierra, principalmente a
través del agronegocio y de otras inversiones de carácter extractivo. Con
esto se mantuvo la tendencia hacia la descampenización y se supeditó el
desarrollo rural integral y cualquier otro intento de resolver los históricos
problemas que enfrenta el agro en general y la agricultura familiar y la
economía campesina en particular.
En segundo lugar, dicho plan de adecuación y activación de la política tuvo
como búsqueda política la contención y mediatización de la lucha campesina
y el mantenimiento de la gobernabilidad, siendo que en el periodo 2012-
2016 predominaron unas condiciones que hacían inviable políticamente la
aprobación de la LSDRI, y, por consiguiente, su implementación coherente
a través de la PNDRI.
En este escenario, el avance pretendido por el movimiento campesino
a través de la vía de la negociación estuvo condicionado a la política
de «diálogo» de dicho gobierno, que no varió de lo hecho en gestiones
anteriores. En este sentido, antes que constituir un mecanismo para la
búsqueda de solución a la problemática y las demandas campesinas, las
mesas de diálogo fueron mecanismos para mediatizar la lucha campesina.
En realidad, esta fue la tónica de los gobiernos anteriores y del encabezado
por el Partido Patriota, más allá de sus diferencias de matiz: una posición
ambivalente en los gobiernos de Alfonso Portillo (2000-2004) y Álvaro
Colom (2008-2012), una posición coherentemente oligárquica como
ocurrió con los gobiernos de Álvaro Arzú (1996-2000) y Óscar Berger
(2004-2008), y el claro alineamiento oligárquico del gobierno de Otto
Pérez Molina (2012-2016). En todos estos casos, se implementaron o
continuaron políticas a favor del modelo de acumulación por desposesión