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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

responsables de la territorialización del plan para su puesta en marcha. 
Para integrar estos núcleos de gestión territorial fueron convocados 
instituciones gubernamentales, alcaldes municipales y organizaciones de 
la sociedad civil. Discursivamente también fueron destacados los apoyos 
a la agricultura familiar circunscritos a la venta de fertilizantes y a la 
asistencia social a través de bolsas de alimentos, que formaban parte de 
una política asistencialista, aplicada con criterios de clientelismo político y 
portadora de la cuestionada política para favorecer el uso de agrotóxicos.  
Adicionalmente, también hubo avances en acciones de capacitación de 
funcionarios a nivel departamental y en la contratación de extensionistas 
agrícolas a nivel municipal.

Con sus matices, la política del gobierno de los años 2012-2016 constituyó 
la continuidad de la política del gobierno anterior de Álvaro Colom. 
Como fue denunciado por organizaciones campesinas, lo planteado 
y hecho por dicho Gobierno se supeditó a los intereses de gestión y 
continuidad gubernamental, antes que al logro de impactos efectivos en 
el mejoramiento de las condiciones de vida en el ámbito rural. La política 
y el plan de activación y actualización de la PNDRI constituyó una puesta 
en escena en un contexto económico y de una política continuada que 
contradijo la búsqueda del desarrollo rural integral. De hecho, la Agenda 
Nacional de Competitividad, emanada del Programa Nacional de 
Competitividad, dio prioridad a la exportación, los servicios turísticos y 
al carácter de centro logístico y energético que se pretendió dar al país. El 
Programa de Agricultura Ampliada del MAGA se orientó a la reactivación 
y modernización de la agricultura bajo el esquema de la empresarialidad, la 
productividad y la competitividad. Asimismo, la Ley de Alianzas Público 
Privadas en Materia de Infraestructura Económica, aprobada en 2010 
y continuada por el Gobierno de Pérez Molina, consolidó la cesión de 
funciones, recursos y construcciones de infraestructura al capital. Aún 
más contradictorio resultó el planteamiento del Gobierno de Otto Pérez 
de insertar la PNDRI en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), supeditándola a 
las lógicas empresariales y al dispositivo de la política geoestratégica de 
Estados Unidos en la región.