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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

Finalmente, el resultado de los mecanismos legislativos previos y el 
mecanismo de consulta en el organismo legislativo confirman el análisis 
del CUC y de Congcoop. En particular, este dispositivo constituyó una 
consulta aparente y, sobre todo, una medida  dilatoria más que implementó 
el sector empresarial a través de operadores políticos en el Organismo 
Legislativo. Esto se confirma en palabras del coordinador de la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, en el periodo 2012-2016, Adrián 
Zapata, quien afirma refiriéndose al período de su gestión:

En el ejecutivo, un grupo de empresarios, especialmente vinculados al agro, trataron 
de evitarla interponiendo una acción en contra de la política que afortunadamente 
la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar. [A los empresarios, afirma 
Zapata], les da terror la política agraria que incluye el artículo diez donde se habla 
de democratizar el régimen de tenencia de la tierra […] los sectores empresariales 
se han resistido a que la iniciativa se conozca en el Pleno [del Congreso de la 
República]

36

.

Por último, este sector empresarial logró que la iniciativa de ley fuera 
retirada del curso legislativo, con lo cual concretó su veto a la misma.

4. La estrategia del Gobierno del Partido Patriota

Mientras el proceso de aprobación de la iniciativa de la LSDRI se estancó 
y la oposición férrea del capital local y transnacional continuó, el Gobierno 
de Otto Pérez Molina decidió aplicar parcialmente la PNDRI como una 
medida para contener la posible movilización y presión campesina. 

El planteamiento gubernamental consistió en avanzar en la aplicación de la 
política, instituyendo un plan para activar y adecuar la misma, especialmente 
en el sentido de orientarla a promover la economía campesina vía la política 
pública, lo cual permitiría dinamizar economías locales con sus posibles 
excedentes. Esto requería, se afirmó, la creación y el fortalecimiento de 

36 En esta misma entrevista Zapata afirma: «[…] no se trata de una reforma agraria, sino de 

una orientación para procurar que los campesinos que necesiten tierra accedan a ella. Los 

empresarios reducen el tema de la política de desarrollo rural al tema de la política agraria y esta 

es solo una de las políticas de desarrollo rural y del mandato de democratizar la tierra, y repito, 

ahí dice claramente que se tiene que ejecutar en absoluto respeto al marco legal vigente»; Saira 

Ramos, «Adrián Zapata: Congreso no debe estancar Ley de Desarrollo Rural, por la presión del 

sector empresarial», La Hora, 15 de febrero, 2016, http://lahora.gt/adrian-zapata-congreso-no-

debe-estancar-ley-de-desarrollo-rural-por-la-presion-del-sector-empresarial/