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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

embargo, otras organizaciones, especialmente aquellas organizadoras de la 
«Marcha por la resistencia, la dignidad, en defensa de la tierra y el territorio» 
–realizada en marzo de 2012– como el Comité de Unidad Campesina y 
la Coordinación de Oenegés y Cooperativas de Guatemala (Congcoop), 
vieron en este mecanismo un intento por aparentar una posibilidad para su 
apropiación, pero con el propósito de retrasar el proceso. Estas fueron dos 
vertientes de análisis y posicionamiento político con relación al mecanismo 
de consulta ciudadana, procedente de los promotores de la iniciativa de ley. 

Por su parte, un conjunto de organizaciones e instituciones empresariales 
y proempresariales, presentaron igualmente sus críticas y oposición con 
relación a la iniciativa de ley y la política. Esta oposición se plasma en un 
conjunto de argumentos de orden legal, institucional, económico, social y 
político, presentados en la consulta ciudadana organizada por la Comisión 
de Asuntos Legislativos y Constitucionales del Congreso de la República, 
realizada en 2012. Entre los principales argumentos referidos a la iniciativa 
de ley se encuentran que:

a. Establece una medida centralista contraria a la búsqueda 

constitucional de la descentralización. 

b. Presenta contradicciones constitucionales al obviar la existencia de 

un consejo de desarrollo urbano y rural, encargado de formular la 
política de desarrollo urbano y rural. 

c. Define sujetos que serían objetivos focalizados de la ley, cuestionando 

el principio de igualdad ante la ley. 

d. Otorga derechos a comunidades indígenas que no poseen 

personalidad jurídica y aplica a priori la calificación de tierra comunal 
en propiedad, posesión o tenencia, incluidas aquellas que aparecen 
registradas a nombre del Estado y de municipalidades, y que han 
sido poseídas o tenidas bajo este régimen comunal. 

e. Establece protección y trato preferencial ex post facto al Tratado 

de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica 
y Estados Unidos, y es contrario al principio de igualdad ante la 
ley, cuando establece trato preferencial real a los sectores, regiones