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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

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2009-2016

Para el efecto indica criterios para su puesta en marcha, como la articulación 
entre lo urbano y lo rural, el comercio con justicia, la coordinación y 
complementariedad, la economía solidaria, la equidad de género, etaria y 
cultural, la intervención diferenciada de sujetos, el ordenamiento territorial, 
la planificación y descentralización, la pluriactividad, la transparencia, 
auditoría y responsabilidad social.

La iniciativa de ley plantea, asimismo, un sistema que tiene como punto de 
partida la integración de un gabinete de desarrollo rural integral, conformado 
por un conjunto de ministerios, secretarías y fondos del Estado, y establece 
como objeto y parte del sistema de desarrollo rural integral a las políticas 
agraria, agrícola, económica, social, laboral, de soberanía alimentaria y de 
seguridad alimentaria y nutricional. Del mismo modo, incluye la creación 
de un ministerio de desarrollo rural integral y la integración de un consejo 
de participación y auditoría social en el cual se incorpora la representación 
social, incluida la Cámara del Agro de Guatemala y la representación estatal. 
Esto es coherente con la necesidad de lo multisectorial como eje que debe 
regir el sistema, específicamente en relación con las instituciones y políticas 
concernidas que deben ser articuladas para dar vida a la política y al plan 
nacional correspondiente. Con ello, entonces, una vez implementada, la ley 
tendría la posibilidad de reconfigurar la institucionalidad relacionada con el 
desarrollo rural, agrícola y agrario del país.

Más allá de lo anterior, en la iniciativa de ley aparecen otros aspectos 
relevantes, tales como la reforma y democratización del régimen de 
uso, tenencia y propiedad de la tierra, que se concretaría en líneas 
programáticas tales como: el acceso a la tierra, la regulación de la tenencia 
y propiedad de la tierra, la atención a la conflictividad agraria y ambiental, 
la dinamización de las economías campesinas mediante mecanismos de 
financiamiento, aseguramiento y garantía. Asimismo, la implementación 
de modelos de producción sostenibles y culturalmente pertinentes, el 
ordenamiento productivo; también la definición y reorientación de políticas 
macroeconómicas que favorecieran el desarrollo rural integral, y políticas 
que garantizaran los derechos laborales, entre otras.