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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

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2009-2016

histórica estructura de tenencia de la tierra y la profundización del modelo 
de acumulación de capital. A lo anterior se suma el hecho de que las políticas 
implementadas en materia de compra y reparto de tierras, por ejemplo, se 
rigieron por lógicas de mercado, corrupción y supeditación a los intereses 
del capital global  y del capital local vinculado al agro. El capital finquero, 
principalmente, encontró en el Fondo de Tierras una vía para deshacerse 
de tierras poco útiles y acumular a costa del erario público y de los intereses 
campesinos, lo cual se expresó en la entrega de fincas poco productivas y 
en calidad de crédito a grupos de campesinos organizados.

En el marco anterior, la mayoría de grupos campesinos, objeto de estas 
políticas, prontamente se vieron endeudados

23

. Esto debido, entre otros 

factores, a la falta de apoyo financiero, técnico y comercial, lo cual hizo 
inviables e ineficaces los proyectos productivos en los cuales fueron 
involucrados al constituirse en sujetos de crédito. Es más, ninguna política 
pudo evitar –porque no era su propósito en vista de sus limitaciones 
presupuestarias o el enfoque fragmentado con el que se asumió la realidad 
rural y agraria– la continuidad en la dinámica de reconcentración de la tierra 
por medios legales e ilegales, legítimos e ilegítimos, tal y como sucedió en 
las áreas de Petén y de la Franja Transversal del Norte. En estos contextos 
específicos, donde habían ocurrido dinámicas de colonización durante la 
década de 1970, estas fueron revertidas por posteriores políticas de despojo, 
lo cual devino en nuevos latifundios, tal y como lo demuestra Edelberto 
Torres

24

. Con todo lo anterior, la conflictividad agraria se vio fortalecida y 

las condiciones de pobreza y miseria se agravaron, en especial en aquellas 
comunidades rurales que se reproducen a partir de la economía campesina

25

.

23 No obstante, también existen experiencias de proyectos campesinos que lograron sostenibilidad 

a largo plazo, la cual se explica a partir de otros flujos financieros, apoyos técnicos, diversificación 

de sus proyectos y experiencias organizativas y políticas previas que permitieron sostener el 

carácter colectivo de las mismas. Algunos de estos proyectos son: la comunidad agraria El 

Nuevo Paraíso (Catarina, San Marcos) con 160 familias de origen Mam, la comunidad Santa 

Anita La Unión (Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango) con 35 familias, y la Cooperativa 

Nuevo Horizonte (Santa Ana, Petén) con 100 familias.

24 Edelberto Torres Escobar, «Pobreza campesina y acceso a la tierra. Una aproximación», El 

Observador, núm. 15, (2008): 6.

25 Para julio de 2012, la SAA reporta 1214 conflictos agrarios, que involucran 338 935.08 ha y       

1 550 112 personas; Secretaría de Asuntos Agrarios, Informe de monitoreo de política y conflictividad 

agraria de Guatemala, abril 2015 (Guatemala: Presidencia de la República de Guatemala, SAA, 

2015). Para abril de 2014, los conflictos agrarios habían aumentado a 1391 conflictos, abarcaban 

491 904.73 ha y a 1 432 810 personas, Secretaría de Asuntos Agrarios, Reporte de las estadísticas 

de los conflictos agrarios, julio 2012 (Guatemala: Presidencia de la República de Guatemala, SAA, 

2012). Es decir, un aumento que representa la profundización de las causas que generan tal 

conflictividad y la incapacidad del Estado para encontrarle una solución.