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Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 103-150

En buena medida, lo que explica su carácter de objeto excluido de la 
política pública se encuentra en la orientación neoliberal del Estado, 
contexto en el cual este ha sido facilitador con exclusividad de los intereses 
del gran capital local y transnacional. En este marco fue desmantelada la 
insuficiente institucionalidad agrícola existente hasta finales de la década 
de 1980, la cual incluía el Instituto Nacional de Transformación Agraria, 
el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, el Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola, la Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y 
Alimentación, la Dirección General de Servicios Pecuarios, la Dirección 
General de Servicios Agrícolas, el Instituto Nacional de Comercialización 
Agrícola. De hecho, al Estado se le despojó de su incipiente papel 
rector y tutelar de la economía y la producción nacional, lo cual tuvo 
su correlato en la política agraria y agrícola: una institucionalidad y un 
presupuesto orientados hacia la agricultura familiar cada vez menor. Así, 
las intervenciones estatales con relación a esta fueron convertidas en 
simples acciones paliativas y de contención, como respuesta a la protesta 
social generada por el movimiento campesino.

Con los Acuerdos de Paz de 1996, en específico con el Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (6 de mayo de 1996), se 
intentó la creación de una institucionalidad para dar respuesta y beneficiar 
a la pequeña unidad productiva agrícola y al desarrollo rural, especialmente 
a partir de la idea de que una:

[…] resolución de la situación agraria es un proceso complejo que abarca múltiples 
aspectos de la vida rural, desde la modernización de las modalidades de producción 
y de cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la 
propiedad, la adecuada utilización de la tierra y del trabajo, la protección laboral 
y una distribución más equitativa de los recursos y beneficios del desarrollo. Se 
trata también de un proceso social cuyo éxito no reposa sólo sobre el Estado sino 
también sobre una convergencia de esfuerzos por parte de los sectores organizados 
de la sociedad, conscientes que el bien común requiere romper con los esquemas 
y prejuicios del pasado y buscar formas nuevas y democráticas de convivencia

22

.

De ahí procede la creación del Fondo de Tierras y de la Secretaría de 
Asuntos Agrarios (SAA), órganos que resultaron insuficientes según las 
perspectivas del desarrollo rural y para disminuir las brechas que provoca la 

22 Gobierno de la República de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (México: 6 de mayo de 1996), numeral 30.