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Revista Eutopía, año 1, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 51-109, ISSN 2518-8674 

También se ofreció evidencia de que la política agraria examinada, basada 
en los postulados del Consenso de Washington, fue el resultado de un acuerdo 
entre el Estado y un actor de la sociedad. En otras palabras, el interés 
privado fue elevado a interés general. 

Los empresarios organizados en la Cámara del Agro y el Consejo 
Agroindustrial han tenido un lugar privilegiado para construir la política, lo 
cual quedó revelado en el análisis comparativo que mostró las coincidencias 
entre ambos documentos. A continuación, se enumeran algunas:

• En los diagnósticos de la situación destacan los excesos 

intervencionistas del Estado y la política de colonización de la 
FTN que alentó y profundizó la deforestación, y enaltecen la nueva 
política agraria por su coherencia técnica.

• Omiten que hubo crecimiento económico, pero sus beneficios no 

redujeron la pobreza.

• Olvidan el peso de la estructura agraria en la concentración del 

ingreso, en la desintegración social del país y en la eficiencia para el 
uso sostenible de la tierra.

La influencia de un actor para definir el contenido programático de la 
política agraria es inadmisible bajo la visión de gobernanza expuesta en 
el marco conceptual de las políticas públicas. Lo más irónico es que esta 
inaudita institucionalización de los intereses del sector privado ocurrió en 
un contexto de discusión participativa de la política agraria y sectorial.

Desde el punto de vista de generar condiciones de vida digna para las 
mayorías rurales que viven en situaciones de extrema pobreza y pobreza 
general, la efectividad de la política agraria es un asunto crucial. Para este 
fin, dicha política se limitó a seis programas

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 que absorben los pocos 

recursos –0.4 % del PIB– destinados para afrontar la problemática agraria 
y el desarrollo rural.

48 Los seis programas priorizados por el MAGA son: i) acceso a tierras, ii) certeza jurídica;  

iii) distribución de fertilizanes; iv) desayunos y almuerzos escolares; v) apoyo financiero al sector 

cafetalero; y vi) asistencia alimentaria.