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Revista Eutopía, año 1, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 51-109, ISSN 2518-8674 

Esto ha producido una institución que, desde el punto de vista del modelo, 
ha sido un fracaso, si se evalúa su capacidad de responder a la demanda 
efectiva por el acceso a la tierra (cuadro 16). Dependiendo de la fuente y la 
estimación de la demanda, la capacidad de respuesta del Fondo de Tierras 
oscila entre 2.5 % al 5.5 %.

Merece recordar que entre los supuestos para el buen funcionamiento 
del Fondo de Tierras están el transparentar y dinamizar el mercado de 
tierras; sin embargo, hasta 2016 no se han aplicado los mecanismos que 
coadyuvarían a tales propósitos, como por ejemplo, gravar las tierras ociosas 
e improductivas. Asimismo, el programa de titulación de tierras tampoco 
ha logrado bajar el número de fincas sin registro catastral y jurídico. 

La combinación de ambos factores alienta la especulación de tierras y la 
imposición del precio a criterio de los propietarios de las fincas que saben 
que solamente por poseer el título de propiedad llevan una ventaja con 
respecto a otros propietarios. Otro supuesto sobre el cual se erigió el modelo 
fue el de asegurar líneas de financiamiento para inversiones productivas y 
sociales. Los recursos obtenidos por los beneficiarios (subsidio alimenticio, 
por ejemplo) fueron invertidos para pagar el capital de la nueva deuda 
contraída con el Fondo de Tierras y/o construir viviendas en el nuevo 
asentamiento.

En la práctica, el fracaso del modelo ha sido aceptado por parte del Estado 
al impulsarse un programa alternativo al Fondo de Tierras, denominado 
Programa de Atención a Crisis. Dicho programa ha involucrado a más 
de mil familias distribuidas en 22 comunidades. La Secretaría de Asuntos 
Agrarios (SAA) –entidad cuya misión no es distribuir tierras– ha invertido 
en ese programa cerca de 60 millones de quetzales (cuadro 17).