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Revista Eutopía, año 1, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 51-109, ISSN 2518-8674 

Por otra parte, consideran que en el período de la administración de Álvaro 
Arzú (1996-2000) hay un giro hacia una nueva política agraria caracterizada 
por su coherencia técnica y por el respaldo político de varios sectores 
sociales, los cuales no se identifican.

El repaso histórico que realizan ambos documentos presenta otras 
omisiones adicionales a las ya señaladas. Por ejemplo, no hacen un 
análisis de las implicaciones que tiene la estructura lati/minifundio en la 
distribución del ingreso, en la eficiencia económica y ambiental, y en la 
desintegración social del país. 

Desconocen deliberadamente el fuerte vínculo que existe entre tenencia 
agraria y nivel de seguridad sobre la posesión del manejo del patrimonio 
natural, principalmente el manejo forestal. Tampoco aluden a los principales 
nudos que frenan el desarrollo rural: desarrollo diferenciado y desigual de 
la infraestructura productiva y de servicios, falta de créditos para capital 
de trabajo e inversiones y ausencia de un acompañamiento organizativo y 
exportador. 

La trascendencia del nexo existente entre ambos documentos, uno asumido 
como política oficial del MAGA del Gobierno de Álvaro Arzú y el otro 
como «propuesta» de los empresarios, radica en varios aspectos que se 
desarrollarán a continuación. 

En primer lugar, si se aplicara un análisis multinivel y de red de las políticas 
públicas, siguiendo la propuesta de Stein, es indudable que no se cumple 
con ese principio. Lo que se evidencia es un caso «visible» de un sólido 
vínculo entre el sector público y el sector privado. Y se dice «visible» 
porque esta relación solo puede inferirse a partir de la trayectoria social 
y laboral del MAGA. Este fuerte nexo tiende a desdibujarse y esconderse 
en el individuo que ocupa la cartera ministerial y, por consiguiente, se 
debilita cualquier argumento crítico sobre la influencia sustantiva de los 
empresarios agroindustriales en la política agraria. 

En tal sentido, ambos documentos adquieren un valor particular porque 
permiten observar una inaudita institucionalización en la convergencia de 
intereses entre el sector público y el sector privado, en un contexto de