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Revista Eutopía, año 1, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 51-109, ISSN 2518-8674 

La unidad de pensamiento entre el MAGA y la Cámara del Agro no tendría 
mayor relevancia si no existiera un contexto político favorable, abierto 
por la firma de los Acuerdos de Paz, para la construcción de visiones 
compartidas desde la perspectiva de la gobernanza y del Estado estratégico 
relacional descritos en páginas anteriores.

Como podrá apreciarse a continuación, los énfasis puestos en la sección 
destinada a realizar el diagnóstico de la situación llevan el sesgo de los 
empresarios y generan las condiciones para justificar posteriormente la 
identificación de las áreas estratégicas, las políticas y los instrumentos. 

Ambos documentos cuestionan los excesos intervencionistas (planificador 
y ejecutor de actividades) del Estado en la política agropecuaria durante 
el período 1955-1985, que abarcó la distribución de fertilizantes y el 
crédito subsidiado, los precios de garantía para los granos básicos, la 
obligatoriedad en todas las fincas de producir el 10 % del área cultivada de 
granos básicos, la colonización de la Franja Transversal del Norte (FTN) 
y el reparto de importantes extensiones en la costa sur (La Blanca, Cuyuta 
y La Máquina). 

Tanto el documento de la Cámara del Agro y del Consejo Agroindustrial 
como el del MAGA estiman que la política de colonización de la FTN y 
Petén alentó y profundizó la deforestación, que el subsidio a fertilizantes 
y pesticidas incentivó el uso ineficiente de los mismos y que no se logró 
la autosuficiencia alimentaria. Los dos textos reconocen como un avance 
significativo el hecho de que durante el período analizado se amplió la 
canasta de productos de exportación sumándose el café, las carnes, el 
azúcar, el cardamomo, el banano y el algodón.

En el documento de la Cámara del Agro, el análisis del período 1955-
1985 comienza citando el documento del BID, Agricultura, medio ambiente 
y pobreza en América Latina, publicado a finales de los años ochenta. Según 
este trabajo, el Estado asumió tres funciones primordiales: regulador del 
ciclo y de los mercados, agente del proceso de acumulación y crecimiento, 
y promotor de una mejor distribución.