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Revista Eutopía, año 1, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 51-109, ISSN 2518-8674
En resumen, la solidez de la política pública no depende únicamente de
una excelente capacidad operativa-programática (claridad y precisión
de objetivos, metas, instrumentos, recursos, organización adecuada y
ejecución eficiente), sino de cómo ha sido el proceso de identificar los
problemas, las soluciones y las prioridades. La legitimidad y confianza en la
política pública radica en la capacidad estatal de concertar una pluralidad de
intereses y convertirlos en una voluntad colectiva para la transformación.
2.2 Los grandes acuerdos políticos: Constitución Política de
1985 y los Acuerdos de Paz
En la historia política reciente de Guatemala hay dos productos «históricos»
y «trascendentales» que condensan esfuerzos encaminados a rediseñar
el marco de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales: la
Constitución Política de la República de Guatemala y los Acuerdos de Paz.
La Constitución de la República vigente, creada en 1985, fue el resultado
del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada
por 88 diputados, cuyas principales fuerzas políticas provenían de la
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) con veinte diputados, la Unión
del Centro Nacional (UCN) con veintiún diputados y el Movimiento de
Liberación Nacional en alianza con la Central Auténtica Nacionalista
(MLN-CAN) con veintitrés diputados. El 27 % restante de constituyentes
se distribuyeron entre seis partidos y una coalición: Partido Revolucionario
(diez diputados), Partido Nacional Renovador (cinco diputados), Partido
Institucional Democrático (cinco diputados), Partido de Unificación
Anticomunista, Frente de Unidad Nacional, Organización Campesina
de Acción Social y la coalición entre el Partido Nacional Renovador y la
Democracia Cristiana Guatemalteca con un diputado cada uno.
La homogeneidad ideológica y política de la ANC (una visión urbano-
céntrica, racista, ladina, anticomunista, con fuertes nexos con los capitales
agroindustriales) se expresaría en una constitución política que consignó
avances importantes en términos de algunos derechos políticos y sociales,
pero que dejó intacta la matriz económica concentradora y no hizo
concesiones para reconocer la diversidad étnica y cultural del país.