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Revista Eutopía, año 1, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 51-109, ISSN 2518-8674 

y a la movilización de redes organizacionales que se dan en torno a las políticas 
públicas. Denota una representación conceptual y teórica de la coordinación de 
sistemas sociales y del rol del Estado en ese proceso. Además, la gobernanza es 
una capacidad, un proceso que se manifiesta en acuerdos y convergencias en una 
diversidad de redes integradas por actores sociales gobernados por sus propios 
objetivos, estrategias y lógicas organizacionales

29

.

Reforzando esta perspectiva compleja en la construcción de las políticas 
públicas, Piñeiro utiliza el concepto de «Estado estratégico relacional» para 
hacer referencia a un modelo de actuación en el marco de este entramado de 
capacidades, aportes y relaciones que se establecen entre distintos ámbitos 
y niveles de gobierno. Este «Estado estratégico relacional» debe satisfacer 
ciertos atributos: se trata de un Estado dialogante con los actores sociales, 
constructor de acuerdos, promotor de la organización de la comunidad y 
estimulador de capacidades e iniciativas sociales

30

.

Para el ejercicio de esta capacidad relacional y, a través de ella, alcanzar una 
adecuada gobernanza, ese Estado requiere contar con recursos analíticos, 
información rigurosa y confiable, capacidades prospectivas y poder de 
convocatoria asentado en la legitimidad y en la confiabilidad que puedan 
generar sus decisiones. Pero, a la vez, este Estado debe contar también 
con una visión y conducción «estratégica». Martínez Nogueira concluye 
diciendo que «la gobernanza de la agricultura y del desarrollo rural exige 
articular esfuerzos en pos de objetivos o valores que gocen de legitimidad. 
De ahí que debe dar lugar a visiones compartidas de largo plazo»

31

Con base en Martínez Nogueira

32

, en la figura 3 se esquematizan los 

aspectos conceptuales claves en el proceso de formulación de las políticas 
públicas y las políticas públicas vinculadas con la agricultura, las cuales se 
circunscriben a un acuerdo político nacional orientado a cambiar las bases 
y la configuración económica, político-institucional, social y ambiental 
del país. Esto implicaría que el Estado desarrolle capacidades políticas y 
técnicas para involucrar en los niveles locales, regionales y nacionales a 
los diferentes actores a fin de coordinar objetivos y estrategias. Un asunto 

29 ibid., 90-91.

30 ibid., 102

31 ibid., 102.

32 Martínez Nogueira, «La institucionalidad», 90-91.