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Revista Eutopía, año 1, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 51-109, ISSN 2518-8674
y a la movilización de redes organizacionales que se dan en torno a las políticas
públicas. Denota una representación conceptual y teórica de la coordinación de
sistemas sociales y del rol del Estado en ese proceso. Además, la gobernanza es
una capacidad, un proceso que se manifiesta en acuerdos y convergencias en una
diversidad de redes integradas por actores sociales gobernados por sus propios
objetivos, estrategias y lógicas organizacionales
29
.
Reforzando esta perspectiva compleja en la construcción de las políticas
públicas, Piñeiro utiliza el concepto de «Estado estratégico relacional» para
hacer referencia a un modelo de actuación en el marco de este entramado de
capacidades, aportes y relaciones que se establecen entre distintos ámbitos
y niveles de gobierno. Este «Estado estratégico relacional» debe satisfacer
ciertos atributos: se trata de un Estado dialogante con los actores sociales,
constructor de acuerdos, promotor de la organización de la comunidad y
estimulador de capacidades e iniciativas sociales
30
.
Para el ejercicio de esta capacidad relacional y, a través de ella, alcanzar una
adecuada gobernanza, ese Estado requiere contar con recursos analíticos,
información rigurosa y confiable, capacidades prospectivas y poder de
convocatoria asentado en la legitimidad y en la confiabilidad que puedan
generar sus decisiones. Pero, a la vez, este Estado debe contar también
con una visión y conducción «estratégica». Martínez Nogueira concluye
diciendo que «la gobernanza de la agricultura y del desarrollo rural exige
articular esfuerzos en pos de objetivos o valores que gocen de legitimidad.
De ahí que debe dar lugar a visiones compartidas de largo plazo»
31
.
Con base en Martínez Nogueira
32
, en la figura 3 se esquematizan los
aspectos conceptuales claves en el proceso de formulación de las políticas
públicas y las políticas públicas vinculadas con la agricultura, las cuales se
circunscriben a un acuerdo político nacional orientado a cambiar las bases
y la configuración económica, político-institucional, social y ambiental
del país. Esto implicaría que el Estado desarrolle capacidades políticas y
técnicas para involucrar en los niveles locales, regionales y nacionales a
los diferentes actores a fin de coordinar objetivos y estrategias. Un asunto
29 ibid., 90-91.
30 ibid., 102
31 ibid., 102.
32 Martínez Nogueira, «La institucionalidad», 90-91.