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Revista Eutopía, año 1, núm. 1, enero-junio 2016, pp. 231-233
privado de un bien que por su naturaleza es un bien público. Como se ha
dicho, las disputas en torno al agua deben dirimirse “desde un enfoque que
priorice el bien común”, la solidaridad, la coordinación y la cooperación, y
no desde la apropiación individual y de carácter lucrativo como ocurre hoy.
Dada la gravedad de los escenarios elaborados en torno a la disponibilidad
presente y futura del agua en el país, exigimos:
1. Que el Estado adopte el enfoque de Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH), como la ruta más adecuada para
promover el desarrollo y la administración eficiente, equitativa y
sostenible.
2. Se retome la Política Nacional del Agua de Guatemala aprobada por
el Gabinete Específico del Agua (2011).
3. Esta política debe ser reforzada al menos en dos ejes esenciales:
a. Un enfoque de diferenciación territorial basado en las dinámicas
hidrológicas específicas de cada vertiente, cuenca y subcuenca
hidrográfica, y las particularidades de los distintos sistemas
socioecológicos que se ubican en cada una de estas regiones.
b. Asumir las proyecciones de disponibilidad de agua a 2050 como
el horizonte de planificación e implementación de las estrategias,
instrumentos y mecanismos que desde la política pública se
promueven, dejando atrás, definitivamente, la improvisación y la
visión coyuntural en esta materia.
4. Las políticas públicas, las leyes, los mecanismos económicos
y el andamiaje institucional deben contar con mecanismos de
retroalimentación que permitan incorporar con efectividad
conocimientos, información y evaluación, privilegiando aquella que
provenga de espacios locales.
5. La crisis es sistémica y por ello alude al carácter mismo del
modelo económico y social. El inducido debilitamiento de la
institucionalidad pública en todos los campos, y dramáticamente
en la institucionalidad gubernamental responsable de velar por la